La Justicia Federal, en un giro que empieza a mostrar su mano más dura, analiza con creciente rigurosidad el pedido de arresto domiciliario presentado por la ex prescindente Cristina Fernández de Kirchner.

Con la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua ya confirmadas por la Corte Suprema el pasado 10 de junio, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ha puesto el foco en garantizar que no se alivien las condiciones de cumplimiento de la pena bajo ningún pretexto.

Bajo la presidencia del juez Jorge Gorini y los vocales Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el tribunal reclamó un exhaustivo informe socioambiental sobre la residencia propuesta en el barrio de Palermo, donde se evalúan desde la habitabilidad hasta el impacto que su liberación podría tener en la seguridad pública y el normal desenvolvimiento del proceso judicial.

Lejos de conformarse con la sola edad de 72 años de la ex mandataria, la mayoría del TOF 2 parece inclinada a sopesar también los eventuales riesgos de influencias políticas o movilizaciones masivas que un traslado a su domicilio podría desatar.

El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, insiste en que la ejecución de la pena debe ser “inmediata e ineludible”, rechazando cualquier aplazamiento incluso momentáneo.

Ese ánimo de “tolerancia cero” frente a casos de corrupción de alto perfil ha cobrado fuerza en la argumentación oficial, que reclama que la estricta aplicación de la ley sea ejemplo para el resto de la sociedad.

Así, la estrategia de la fiscalía no deja espacio a concesiones: pretenden que la ex prescindente ingrese a prisión antes de que concluya el trámite del informe, previsto para mediados de esta semana.

Con el reloj judicial corriendo y la opinión pública atenta a cada movimiento, el TOF 2 se encuentra ante la disyuntiva de mostrar mano más dura o permitir un respiro que muchos interpretan como un privilegio político.

Si finalmente la domiciliaria es denegada, se confirmaría la línea de endurecimiento que expertos y analistas vienen señalando desde hace semanas. De lo contrario, el tribunal abriría una nueva grieta en el paisaje judicial, exponiendo una posible fractura entre los principios de equidad procesal y los presionantes imperativos de seguridad y ejemplaridad.

Solá el tapado en la Octava Sección Electoral bonaerense

El gobernador Axel Kicillof confirmó recientemente que las elecciones bonaerenses se desdoblarán del calendario nacional y se celebrarán el domingo 7 de septiembre de 2025, sin la realización de PASO provinciales mientras se avance con el proyecto de suspensión en la Legislatura.

La Octava Sección Electoral (que comprende exclusivamente al partido de La Plata) renovará 6 bancas en la Cámara de Diputados provincial. Actualmente, de esos escaños, 3 pertenecen a Unión por la Patria (UxP), 2 a Propuesta Republicana (PRO) y uno al bloque Acuerdo Cívico + UCR + GEN.

En los últimos días, desde el “felipismo” platense surgieron versiones de que sectores internos del peronismo bonaerense proponen al ex gobernador y ex canciller Felipe Solá como cabeza de lista de diputados provinciales por la Octava Sección.

Fuentes cercanas al dirigente señalan que, tras la rebelión interna del felipismo en la Tercera Sección, se evalúa volcar su trayectoria para reforzar la oferta electoral en La Plata.

Con el cronograma electoral marcando el cierre de listas para las primeras semanas de julio, el entorno de Solá anticipa que la definición de su postulación se conocerá en ese lapso.

Su eventual anuncio, estiman, se realizará tras la ratificación de la suspensión de PASO y la validación formal de los candidatos definitivos para el comicio del 7 de septiembre.