La sentencia de Preska, quien durante todo el proceso ha mostrado las plumas de buitre sin tapujo y que no ha tenido la menor consideración sobre el derecho de soberanía argentino, representa un ataque directo a la independencia política, jurídica y económica de nuestro país.

Aunque el Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y se prepara para llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Estados Unidos, Preska dejó en claro que la presión económica no da tregua.

Su decisión de no suspender el fallo permite avanzar con medidas que, en los hechos, significarían un vaciamiento del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Todo esto, en nombre de una supuesta "compensación" de más de 16 mil millones de dólares por una decisión soberana tomada por el Congreso argentino en 2012 con amplio respaldo legislativo.

La defensa argentina argumentó que se trata de un caso excepcional, sin antecedentes jurídicos claros, donde incluso el propio gobierno de Estados Unidos expresó reparos a la interpretación del tribunal. El temor en Washington no es menor: que una jurisprudencia tan agresiva siente un precedente peligroso, que habilite a otros países a embargar activos estadounidenses en futuros litigios.

En otras palabras, el fallo de Preska podría volverse un búmeran para el propio imperio legal que lo impulsa.

Además, los representantes legales de la Argentina advirtieron que ejecutar la sentencia implicaría violar la legislación nacional, ya que, según la ley de expropiación aprobada en 2012, las acciones de YPF no pueden transferirse sin una ley del Congreso votada por dos tercios.

Es decir, Preska estaría ordenando al Estado argentino a quebrantar su propio marco legal para cumplir con una orden foránea. ¿No es eso, acaso, una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un país soberano?

A todo esto se suma el hecho de que los demandantes no demostrarían un perjuicio inmediato si se posterga la ejecución, mientras que la afectación al interés público argentino sería mayúscula: pérdida de control estratégico sobre recursos energéticos, impacto en provincias accionistas y en bonistas internacionales, y la posibilidad de activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF.

Mientras los fondos buitre presionan para que se abra una instancia de negociación directa con altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, este martes 15 de julio habrá una reunión clave en Nueva York que podría marcar el rumbo del conflicto.

Pero lo que ya es evidente es que la sentencia de Preska, lejos de hacer justicia, profundiza una lógica de subordinación colonial a los intereses del capital financiero internacional.

En juego no está solo la propiedad de una empresa. Está la soberanía energética, el respeto a las decisiones democráticas y la dignidad de un país frente a tribunales que actúan como garantes del saqueo.