En 2024, se modificaron los requisitos para acceder a las pensiones por “invalidez laboral” y se inició un proceso de auditoría tendiente a definir quiénes podrían seguir percibiéndola y quiénes serían dados de baja como beneficiarios. En declaraciones recientes, funcionarios del gobierno de Javier Milei anunciaron públicamente que, según sus estimaciones, tras estos controles se suspenderían entre 100.000 y 200.000 pensiones.

“En ese contexto, nos proponemos aportar datos e información valiosa para generar un debate público profundo y responsable sobre el sistema de pensiones no contributivas destinadas a las personas con discapacidad, bajo el convencimiento de que la revisión de esta política solo puede realizarse sobre la base del reconocimiento de los derechos y de la autonomía de este colectivo”, afirmaron desde la entidad.

Durante el encuentro, se tratarán los siguientes contenidos:

- Evolución del marco normativo aplicable a las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” y de su población beneficiaria.

- Análisis de legalidad de los requisitos que hoy se deben cumplir para percibirlas.

- Auditorías: qué se evalúa, cómo y por qué se cuestiona el proceso.

- Presupuesto destinado a las pensiones.

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