El 6 de junio de este año, la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María Cristina Álvarez Rodríguez, autorizó un subsidio de 10 millones de pesos —más fondos adicionales para su "administración"— al Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina.

Hasta ahí, un acto administrativo más. Pero el escándalo estalla al descubrir que el ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Walter Correa, es nada menos que ex secretario general del mismo sindicato beneficiado y, según documentos oficiales, sigue ejerciendo roles activos en la organización. Es decir: un funcionario público le entregó dinero del Estado a su propia entidad.

La conexión Kicillof: el manual de la corrupción

Los delitos denunciados incluyen asociación ilícita (por coordinación entre Kicillof, Álvarez Rodríguez, Correa y el actual líder del sindicato, Gabriel Navarrete), malversación de caudales públicos (fondos desviados a una entidad con conflicto de interés), y negociaciones incompatibles con la función pública (Correa no podía avalar subsidios a su sindicato).

Kicillof no puede alegar desconocimiento: la firma de su jefa de Gabinete implica su aval político. Además, el monto —aunque bajo para el Estado— sigue el modus operandi kirchnerista: pequeñas transferencias que escalan hasta conformar una red de desvíos.

"Es la punta del iceberg"

La denuncia, respaldada por 111 páginas de pruebas, expone cómo el oficialismo usa el Estado para financiar estructuras afines. El sindicato, lejos de ser una entidad transparente, está controlado por el mismo círculo que hoy gobierna la provincia.

¿La justicia bonaerense actuará? El caso depende de tribunales provinciales, históricamente lentos en causas contra el poder. Pero la presión crece: es imposible ignorar que el hijo político de Cristina Kirchner repite el manual de corrupción que la llevó al banquillo.