El siglo XXI trajo consigo una revolución tecnológica que achicó distancias y produjo cambios significativos en la manera que se relacionan las personas, y en el comercio.

Estos cambios nos pusieron frente a la computadora conectada a Internet, una herramienta maravillosa, que puede ser un pincel o un puñal. En manos de la persona indicada, nos simplifica la vida, pero en manos de un degenerado es muy peligrosa para los más indefensos.

Por eso es necesario establecer una vigilancia permanente sobre lo que pasa en esa verdadera tierra de nadie. Sin control, internet se convierte en un cómodo aguantadero para que los delincuentes hagan de las suyas, y en lugar propicio para que los depravados encuentren material de sobra para dar rienda suelta a su desviación.

Aldo Sergio Parodi se dio cuenta de eso y hace dos décadas que pelea por hacer del ciberespacio un lugar más seguro para todos, pero lamentablemente la Justicia de su provincia no lo acompaña.

Uno de los que pudiendo hacer algo eligió no hacerlo es el ahora Juez del Tribunal Penal Colegiado número 1, Carlos Torres. El 15 de abril pasado la web oficial del Senado de la provincia de Mendoza (www.senadomendoza.gob.ar) publicó la información atinente al nuevo cargo de Torres y ofreció una reseña de su trayectoria profesional.

Este abogado sanjuanino de 50 años fue fiscal de instrucción de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios y Violencia de Género desde 2017. Antes de eso fue fiscal ad hoc de la Unidad Fiscal Departamental de Godoy Cruz, entre 2005 y 2006. Luego fue ayudante de la Fiscalia de Instrucción número 26 y titular de la Fiscalia número 1 de Mendoza Capital.

El gobernador Alfredo Cornejo, que había enviado el pliego del ex fiscal al Senado, oficializó su designación el 21 de abril de este año.

Hace muy pocos días el novel juez fue noticia porque condenó a 8 años de prisión en un juicio abreviado al profesor de hockey sobre patines Claudio Famar por haber abusado de siete alumnas, todas menores de edad. Al momento de los hechos el condenado trabajaba para los clubes Godoy Cruz Antonio Tomba y Petroleros YPF.

Pero Torres no puso el mismo énfasis en otros casos que pasaron por su escritorio. Como fiscal de homicidios, inexplicablemente tuvo en su despacho el expediente P/38.752/07, abierto a raíz de una denuncia de Aldo Sergio Parodi contra los directivos de Google, formulada en 2007, primero en el mundo, por promoción o facilitación de la corrupción de menores, según artículo 125 del Código Penal.

En diálogo con este medio, el denunciante se preguntó "¿Qué hacía ese expediente en la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios?" Él mismo se respondió y le respondió a NOVA: "A raíz de una reestructuración en el Ministerio Público de Mendoza, Torres fue designado en la UFI de Homicidios y en lugar de mandar mi denuncia a la fiscalía competente, se llevó el expediente y lo archivó". El hombre fue anoticiado de la situación de la causa, por lo cuál pidió el desarchivo, pero afirma "nadie en el mundo puede explicar cómo el fiscal Torres se llevó a Homicidios el proceso más grande radicado en Mendoza por corrupción de menores".

Para Parodi la falta de avance del expediente habría facilitado la comisión de ilícitos.

La causa estuvo archivada en el inmueble de la ex bodega Giol, convertido en depósito judicial, "para que se la comieran las ratas" dijo Parodi, que además destacó que en su calidad de querellante, nunca le fue permitido tomar vista del mismo.

Hoy Torres está estrenando nuevo cargo, pero fue reemplazado en la UFI de Homicidios por la doctora María Florencia Díaz Peralta, que en relación a esta causa mantiene el temperamento adoptado por su antecesor. El 6 de mayo del corriente año recibió una ampliación de la denuncia

En este relato hay otra pieza clave. El 22 de febrero de 2011 el fiscal mendocino Santiago Garay, a cargo de la Unidad Fiscal número 6, procedió al archivo de las actuaciones P/38.752/07 contra Eric Schmit, presidente del directorio de Google, por permitir la operatoria que motivó la denuncia de Parodi.

El funcionario reconoció que: "La distribución, publicación y facilitación de acceso a material con pornografía infantil, claramente constituye un delito penal" no obstante, señaló que era imposible determinar responsabilidades y que las empresas proveedoras de conexión no son responsables por el material que suben los usuarios.

La resolución de Garay, puesta en términos futboleros, se podría decir que el partido terminó 1 a 1. Tiene razón el querellante, pero... es indignante.

El fiscal se apoyó en el artículo 1 de la ley 26.023, que establece que "La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas a través de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión".

¿Distribuir, publicar y facilitar pornografía infantil es delito, pero buscar, recibir y difundir, no lo es? Eso refuerza la idea inicial: una computadora puede ser un pincel o un puñal.

Seguidamente, Garay mencionó que la tecnología de esa época (año 2011) permitía aplicar controles parciales para censurar sitios inadecuados para dispositivos empleados por menores de edad y le dio fuerza a su argumento citando la ley mendocina 5.547/90.

Además, el fiscal puso el foco en la importancia de la herramienta conocida como control parental, lo cuál a su entender convertía a la denuncia de Parodi en inoficiosa, pero no fueron estos los únicos fundamentos que sostuvieron su decisión.

Para dejar a salvo el negocio, Garay escribió: "Si se impusiera la obligación (a Google, a las redes sociales y a los motores de búsqueda) de hacerse responsable del examen de contenido que se sube a ellos" entendiéndose por tal fotos, archivos y videos, "la web como la conocemos dejaría de existir y muchos de los beneficios económicos, sociales, políticos y tecnológicos que trae, podrían desaparecer" además de ser contraproducente por implicar "gastos inmensurables, que dejarían de hacer viable la existencia de este medio de trabajo, ocio y conocimiento".

Investigación: Gustavo Zandonadi