El documento, clasificado como secreto y fechado el 15 de junio de 2025, detalla un programa de monitoreo dirigido por el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, que incluye a figuras como Hugo Moyano, Pablo Moyano, Juan Grabois y periodistas de medios independientes, identificados como "actores de riesgo" por su oposición al modelo económico libertario.

Según la filtración, el anexo ordena la creación de una unidad especial dentro de la SIDE para recolectar datos sobre comunicaciones privadas, publicaciones en redes sociales y actividades públicas de 47 personas, sin autorización judicial.

Esta práctica violaría la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que prohíbe la producción de inteligencia basada en opiniones políticas, gremiales o ideológicas.

Un correo interno atribuido a Diego Kravetz, director de Operaciones de la SIDE, menciona el uso de software de análisis de datos provisto por una consultora extranjera vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, aunque no se especifica su identidad.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó hoy una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, contra Sergio Neiffert, Kravetz y Caputo por presunto abuso de autoridad y violación de derechos constitucionales.

"Este plan es un ataque directo a la democracia, criminalizando la disidencia y la libertad de prensa", afirmó Paula Litvachky, directora del CELS, en un comunicado oficial. La denuncia cita el artículo 248 del Código Penal (abuso de autoridad) y el artículo 43 bis de la Ley 25.520 (inteligencia ilegal).

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció esta tarde una conferencia de prensa en la que Hugo Moyano calificó el plan como "un intento de volver a los años oscuros de la represión estatal". La central obrera convocó a una movilización para el lunes 23 de junio frente al Congreso.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado exigiendo "una investigación transparente y la inmediata suspensión de cualquier actividad de inteligencia ilegal". FOPEA también reportó que dos periodistas, cuyos nombres no fueron revelados, denunciaron intentos de hackeo a sus cuentas de correo y X tras la filtración.

El gobierno respondió esta noche a través de un comunicado oficial de la Oficina del prescindente, publicado en su sitio web negando las acusaciones. "La SIDE actúa estrictamente dentro del marco legal para proteger la seguridad nacional frente a amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado", afirmó el texto, que no mencionó el anexo filtrado.

El comunicado defendió el PIN, implementado mediante el Decreto 614/2024, como una herramienta para "modernizar" el sistema de inteligencia, pero no aclaró las acusaciones de vigilancia a civiles.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, convocó a Neiffert y Caputo a una sesión de emergencia para el 21 de junio, según un comunicado oficial del Senado.

La oposición, liderada por Unión por la Patria, planea presentar un proyecto de ley para derogar el Decreto 614/2024 y establecer controles más estrictos sobre la SIDE.