En abril de 2024, en Ushuaia, el presidente argentino Javier Milei, acompañado por la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, anunció la creación de una Base Naval Integrada.

La iniciativa, presentada como una plataforma de acceso a la Antártida, fue originalmente proyectada durante el gobierno de Alberto Fernández con fines científicos y logísticos.

Sin embargo, bajo la actual administración, la base se redefinió con una orientación militar alineada con los intereses estratégicos de Washington.

Durante una visita reciente a la región, el nuevo jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, confirmó el interés del Pentágono en el control del Atlántico Sur y en el fortalecimiento de la presencia estadounidense.

Según sostuvo, el objetivo es proteger rutas marítimas vitales para el comercio global. La embajada de EE.UU. respaldó esa visión, destacando la necesidad de cooperación en seguridad regional.

Paralelamente, volvió a operar el radar LeoLabs en Tolhuin, cuya actividad había sido suspendida en 2023 por decisión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, tras detectar riesgos para la seguridad nacional.

El radar, de propiedad estadounidense y con sede legal en Londres, habría sido utilizado por el Reino Unido para monitorear actividad satelital argentina.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció públicamente esta situación y advirtió sobre la presencia de infraestructura extranjera con fines militares en territorio nacional.

Además, Melella solicitó que se rechace la designación del británico David Cairns como nuevo embajador en Argentina.

Cairns es directivo de la petrolera Equinor, involucrada en la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas, una actividad considerada ilegal por el gobierno argentino.

A estos movimientos se suma la apertura total a la importación de tecnología, que pone en riesgo la continuidad del polo industrial fueguino.

Para muchos especialistas, no se trata sólo de una medida económica, sino de una decisión con consecuencias geoestratégicas: debilitar el arraigo productivo local en una zona sensible para los intereses nacionales.

El sur argentino parece ocupar un rol cada vez más relevante en la disputa por los recursos y el control territorial.

En este contexto, la falta de una política exterior soberana y la creciente dependencia militar podrían traducirse en una pérdida progresiva de autonomía.

La discusión sobre Tierra del Fuego y la Antártida ya no es una cuestión lejana: es un tema central para el presente y futuro del país.