¿Cuál es el pecado capital por el que se apunta a los acusados? Nada más ni nada menos transformar el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en una carta blanca para vigilar a quienes critican al Gobierno del "Papada con patas".

Nadie está exento de que la SIDE vaya a tocarle el timbre: periodistas, economistas, docentes, referentes sociales y hasta usuarios de redes sociales podrían convertirse en objetivos del espionaje estatal simplemente por manifestar desacuerdo con las políticas libertarias.

Porque, de acuerdo al nuevo PIN, quien “erosione la confianza” en el rumbo económico del Ejecutivo, o “manipule la opinión pública” de manera contraria al "interés nacional", es susceptible de ser espiado. El problema, claro, es que nadie define con precisión qué significa "interés nacional" ni quién se arroga el derecho de decidirlo.

El CELS fue contundente: el nuevo esquema viola la Ley de Inteligencia Nacional, la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Además, denuncia que se habrían impartido órdenes secretas para identificar y monitorear a “grupos sociales vulnerables” y actores no estatales que, en la interpretación libre del régimen, podrían incidir políticamente. La paranoia oficialista no distingue entre un líder piquetero y una economista crítica en un panel de televisión.

Para coronar el despropósito, la SIDE firmó un contrato inédito con la firma Tactic Global LLC, cuyo CEO es un ex espía, para funcionar como enlace entre el Gobierno argentino y el de Estados Unidos. Nada como privatizar el espionaje para mostrar confianza en las instituciones.

Todo esto con la firma del propio Neiffert, alias “Señor 5”, quien además enfrenta otra denuncia, esta vez por presunta malversación de fondos públicos: viajes al exterior pagados con la tarjeta corporativa del organismo, en compañía de familiares, y el ingreso de su hijo en comitivas oficiales sin cargo público alguno. Una gestión austera, pero solo para los de abajo.

Un plan orwelliano

El plan de inteligencia, además, muestra un alineamiento geopolítico explícito con las políticas de Estados Unidos e Israel, lo que pone en tela de juicio la autonomía estratégica de nuestro país en materia de defensa y seguridad. Mientras Milei grita “libertad” en cadena nacional, su gobierno afina un aparato de vigilancia estatal digno del “Gran Hermano”… y no hablamos del reality show, sino de la novela 1985, de George Orwell.

No se trata solo de una amenaza a la privacidad, y más estrictamente en términos orwellianos, es una amenaza directa al derecho a disentir. Faltaría nomás agregar la figura del “crimen de pensamiento” para terminar de cerrar la coincidencia.

La denuncia del CELS ya se encuentra en el Juzgado Federal Número 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que no supo (o no quiso) llegar al fondo del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Esta vez, se le exige que investigue no solo los abusos del PIN, sino también sus efectos colaterales: el silenciamiento, la persecución y el miedo.

Y mientras la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia apenas comienza a desandar el ovillo, las preguntas se acumulan: ¿Qué define hoy al “enemigo interno” en la Argentina de Milei? ¿Quién decide a quién se espía, se investiga, se señala? ¿Cuánto tiempo falta para que una crítica en redes sea suficiente para activar una alerta en algún oscuro rincón del Estado?

La democracia, ya sabemos, no se destruye solo con tanques. A veces alcanza con un plan, una firma y el silencio.