El nombramiento se produce tras la salida de Betina Surballe, quien dejó el IAF para asumir la presidencia del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

En apenas meses, Francisco Adorni pasó de ocupar el cargo de asesor a ser nombrado auditor —con un salario que rondaba los 4 millones de pesos— y ahora accede a la presidencia del IAF, una escalada meteórica que despierta sospechas sobre los criterios aplicados en su ascenso.

La designación se inscribe en una evidente reconfiguración interna del Ministerio de Defensa. Bajo la conducción de Luis Petri, algunos puestos estratégicos que estaban en manos de funcionarios cercanos al ministro —como el mendocino Roberto Fiochi, desplazado recientemente del IOSFA— están siendo ocupados por nombres vinculados al círculo íntimo del poder presidencial, en especial al entorno de Karina Milei, hermana del presidente y principal operadora política del oficialismo. Los hermanos Adorni responden directamente a ella.

Desde la cartera de Defensa se intentó justificar la decisión mediante un comunicado oficial que sostiene que el nombramiento de Adorni “representa una decisión estratégica para asegurar la continuidad del proceso de saneamiento y transformación” iniciado en diciembre de 2023.

Sin embargo, la incorporación de familiares directos de altos funcionarios en cargos de gran relevancia contradice abiertamente el discurso de transparencia y meritocracia que pregona el gobierno nacional.

Mientras miles de trabajadores del Estado fueron cesanteados bajo la premisa de eliminar “ñoquis” y reducir el gasto público, el acceso de Francisco Adorni a un puesto de primer nivel por su vínculo familiar expone una doble vara en la política oficialista, y vuelve a poner bajo la lupa el uso discrecional del Estado por parte del entorno presidencial.