El caso se destapó cuando Jaldo detectó una operación de importación a su nombre. “Pusieron mis datos como si yo estuviera trayendo ropa de Estados Unidos. ¡Y ni siquiera uso camisas importadas!”, lanzó con ironía el gobernador tucumano, quien ya presentó denuncia ante la Justicia Federal, la Aduana y el ente tributario local, ARCA.

Según la investigación, Olguín —de 26 años, oriunda de Santiago del Estero y con más de 400 mil seguidores en Instagram— traía prendas desde la cadena estadounidense Revolve, especializada en ropa de alta gama. Al superar su cupo legal de USD 5.000 anuales, habría comenzado a utilizar el CUIT de amigos, familiares y, cuando agotó esa vía, directamente el de funcionarios públicos.

Sí, leíste bien: alguien en su entorno habría encontrado los datos fiscales de gobernadores —de acceso público, aunque protegidos— y los habría usado para seguir ingresando ropa al país mediante el sistema courier, que requiere controles mínimos.

La maniobra se remonta a 2022 y tenía como base de operaciones un departamento ubicado en la calle Jaramillo, en el barrio porteño de Núñez. Allí llegaban los paquetes. Y desde allí salía el nuevo vestuario que después Olguín vendía en redes como parte de su emprendimiento.

El caso quedó en manos del juez federal José Manuel Díaz Vélez y del fiscal José Agustín Chit, quienes ya indagaron a la influencer. Durante su declaración, la joven aseguró que no sabía que estaba cometiendo un delito y que había conseguido los CUIT “buscando en internet”, cuando se quedó sin cupo propio.

Desde su entorno alegan que está colaborando con la justicia, que fue a todas las citaciones y que “está arrepentida”. También intentan bajarle el tono al escándalo: “La causa tiene meses y no entienden por qué estalló ahora en los medios”.

Sin embargo, la situación es grave. A Olguín se le imputan delitos federales como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. En el allanamiento a su domicilio se incautaron dispositivos electrónicos que ahora están siendo peritados.

Más allá del impacto judicial, el episodio sacudió a la política argentina por lo insólito de la metodología. ¿Cuántas veces puede decir un gobernador que lo usaron para importar ropa sin su consentimiento?

Lo cierto es que esta vez no fue una cuestión de trajes a medida, sino de una maniobra donde varios quedaron expuestos. Y la influencer, que se dedicaba a vestir a como reinas a sus clientas, hoy tiene que desfilar por los pasillos judiciales con el traje de imputada.