La empresa Watchman Seguridad, encargada de proteger el barrio, quedó en el centro de la polémica.

De acuerdo con el informe de Real Politik, las cámaras de seguridad no grababan desde hacía siete días, los sensores perimetrales no se activaron y ningún vigilador detectó la intrusión. Todo esto pese a que el contrato con Watchman prevé catorce agentes activos durante las 24 horas.

La propia jefa de seguridad del barrio admitió ante la Policía Bonaerense que las cámaras estaban fuera de servicio, lo que dejó sin cobertura tecnológica a un predio de más de cien hectáreas.

Mientras el fiscal Raúl Casal y la SubDDI de Pilar investigan cómo los delincuentes lograron vulnerar por completo el sistema de seguridad, los vecinos apuntan directamente contra la empresa.

"Es un country liberado. Podrían haber hecho cualquier cosa", denunció un propietario. Otro fue tajante: "La empresa cobra fortunas para garantizar algo que no existe", señaló en diálogo con Real Politik.

El escándalo reavivó los cuestionamientos al modelo de seguridad privada en barrios cerrados, donde muchas veces los controles son más apariencia que eficacia.

En Mapuche, la comisión directiva todavía no emitió un comunicado oficial, pero ya hay voces internas que exigen romper el vínculo con Watchman y avanzar con acciones legales por incumplimiento grave.