La "rosca" política está al rojo vivo mientras se buscan los equilibrios necesarios para conformar las listas de diputados y senadores provinciales, así como las candidaturas en los distritos clave.

Cada espacio busca asegurar lugares expectables para sus dirigentes, combinando las necesidades del gobernador Kicillof por sostener la gestión y el poder territorial, el peso de La Cámpora (LC) referenciada en Máximo Kirchner, y la influencia del Frente Renovador (FR) de Massa, además de la presión de los intendentes peronistas que también juegan su partido.

El telón de fondo de estas negociaciones es la incertidumbre generada en la Legislatura bonaerense. Si bien avanzará la suspensión de las elecciones primarias (PASO) para este año, persiste un fuerte desacuerdo sobre la modificación de los plazos electorales.

La falta de consenso para extender las fechas límite para la presentación de alianzas y listas, tal como reclama la Junta Electoral para garantizar una organización prolija de los comicios desdoblados de Nación, añade una capa de complejidad y urgencia a las definiciones políticas de los máximos referentes.

Para modificar el calendario electoral, el kicillofismo necesita un acuerdo con la oposición porque requiere 2/3 de la Cámara. Sin embargo, el escenario es similar al que se vivió con el endeudamiento que pidió el gobernador sobre finales del año pasado.

La llave la tienen los libertarios, que pueden torcer la voluntad del PRO y avanzar en la discusión. Sin embargo, la falta de voluntad del Ejecutivo en resolver estos temas puede trabar la iniciativa.

Es que los libertarios le agarraron el gusto a la discusión de casta y piden espacios en las bancas que tradicionalmente ocupa la oposición. Entre otros espacios, requieren un lugar en el directorio del Banco Provincia que el Gobierno no quiere poner como moneda de cambio.

La definición de las listas y la resolución del calendario electoral son dos caras de la misma moneda en la estrategia del oficialismo bonaerense.

Un cierre de listas ordenado requiere claridad sobre los tiempos disponibles, mientras que la falta de acuerdo legislativo sobre los plazos podría forzar definiciones apresuradas o incluso generar conflictos internos si los tiempos se vuelven impracticables para la oficialización de candidaturas.