Este último fue el candidato impulsado por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, propuesta que fracasó ante la falta de respaldo en el Senado.

Según la denuncia, el 8 de febrero Pettovello habría firmado una resolución para transferir 14.000 millones de pesos al programa de compras de alimentos, con el objetivo de adquirir productos esenciales como arroz, fideos y leche en polvo.

Sin embargo, la operación no se habría concretado, lo que abre serios interrogantes sobre el destino final del dinero.

La transferencia se habría realizado a través de un programa de Naciones Unidas, y el Estado argentino habría pagado una comisión del 3 por ciento por la intermediación.

A pesar del pago de esa comisión, la licitación no habría prosperado, frustrando la adquisición de un millón de unidades de cada producto. En consecuencia, miles de familias vulnerables quedaron sin acceso a los alimentos que el Estado había prometido entregar.

El fiscal Picardi pidió una serie de medidas de prueba para esclarecer si existió malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de la ministra.

La imputación de Pettovello no solo compromete su gestión, sino que también expone la falta de transparencia y control en una cartera clave que debería velar por los sectores más necesitados del país.