Para entender la dimensión de este episodio, es necesario contextualizarlo. Durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995), el oficialismo impulsó una política de pacificación con el argumento de cerrar heridas y garantizar la estabilidad institucional. En ese marco, el mandatario otorgó indultos tanto a militares involucrados en el terrorismo de Estado como a exguerrilleros, en un gesto que pretendía zanjar las cuentas pendientes del pasado. Sin embargo, la supuesta reconciliación impuesta desde arriba no logró apagar el reclamo de justicia. Mientras los genocidas recuperaban la libertad por decreto, en las calles emergía una nueva generación de militantes: los hijos de los desaparecidos.

A medida que los años avanzaban, la impunidad legal garantizada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, afianzada por el indulto menemista, comenzaba a ser desafiada por la acción directa. En todo el país los escraches se consolidaban como una estrategia de denuncia pública: grupos organizados identificaban a represores y los exponían en sus barrios, en sus lugares de trabajo, en los espacios donde se movían con la tranquilidad de quienes creían haber salido indemnes de la historia. Eran tiempos de memoria en ebullición, cuando las cicatrices del terrorismo de Estado se volvían más visibles y la sociedad empezaba a tomar conciencia de la necesidad de justicia.

En ese contexto, las palabras de Balza fueron una anomalía. Un jefe militar que reconocía, en un medio de comunicación masivo la responsabilidad institucional del Ejército en los crímenes del pasado no era un gesto habitual. Aunque no implicaban un quiebre inmediato en la estructura de impunidad vigente, sí habilitaban un nuevo escenario discursivo. El Ejército dejaba de ser un monolito hermético y, al menos en parte, admitía su papel en la maquinaria represiva.

A pesar de la resonancia de su declaración, Balza no podía modificar el tablero político y judicial. No sería sino hasta el cambio de siglo, con la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, la declaración de inconstitucionalidad de los indultos y la reactivación de los procesos judiciales, cuando la Argentina comenzó a juzgar de manera efectiva a los responsables del genocidio.