En un país donde el propio Presidente es señalado por su participación en una presunta criptoestafa, este anuncio hace que las alarmas se enciendan en la población y pone en eje de la discusión la relación entre el poder gubernamental y hechos sospechosos de corrupción que han tenido lugar en altas esferas de la sociedad, tanto en la administración actual como en anteriores.

No obstante, para el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la decisión de eliminar la facultad de querellar UIF no es nada para preocuparse, sino que simplemente busca “fortalecer la institucionalidad del organismo” y “despolitizarlo”, como si la corrupción fuera problema ideológico y no hubiera chanchullos que salpican a todo el arco político, pasando desde la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, a su sucesor Mauricio Macri, el anterior mandario Alberto Fernández, y el actual jefe de Estado, Javier Milei.

Cúneo Libarona, sin embargo, afirma que la “politización” distorsionó la función original de la UIF, cuyo objetivo principal debe ser la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Qué significa la eliminación de la facultad de querellar?

En la práctica, esto implica que la UIF ya no podrá actuar como acusador directo en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En su lugar, la UIF seguirá recabando información, analizando transacciones sospechosas y elaborando reportes, pero deberá derivar esos reportes a la justicia para que sea el Ministerio Público Fiscal (MPF) quien lleve adelante la acusación formal.

Sin embargo, la diferencia central radica en que la UIF es un organismo autónomo, mientras que el MPF es una entidad ligada a la gestión en curso y por lo tanto, responde a los intereses del poder de turno.

Críticos de la medida argumentan que la eliminación de la facultad de querellar, lógicamente debilita la capacidad de la UIF para luchar contra el crimen organizado y la corrupción. Al no poder actuar como acusador directo, la UIF dependerá completamente de la voluntad y eficiencia del sistema judicial, la cual deja mucho que desear.

En un país como la Argentina, donde el Poder Judicial es constantemente puesto en la picota por la falta de criterio de los magistrados, además de ser reconocido por la lentitud y falta de agilidad para definir temas de central urgencia, la posibilidad de dilatar o incluso frustrar investigaciones complejas salta a la vista. Además, se teme que esta medida dificulte la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas, lo que implica a su vez una pérdida para las arcas estatales.

Pero ajeno a todo argumento racional, desde su burbuja, Cúneo Libarona señala: “La eliminación de la facultad de querellar es un paso más hacia el saneamiento moral del Estado, el respeto a la división de poderes y la recuperación de organismos públicos que deben actuar con objetividad e independencia”.

Y remata, como frutilla del postre, reafirmando su "compromiso con la transparencia institucional y la estricta adecuación de las funciones estatales a su marco legal y misional, alejándolas de toda utilización política", algo que parece existir solo en su fuero íntimo.