La resolución de Ramos Padilla fue contundente: el artículo 99, inciso 19 de la Constitución no habilita el nombramiento en comisión de jueces del Poder Judicial, mucho menos de la Corte Suprema. En otras palabras, no se puede violar la división de poderes solo porque al Gobierno no le dan los votos.

Como si fuera poco, el Gobierno ya había tenido que aceptar la renuncia de García Mansilla, quien duró en el cargo menos que una historia de Instagram. Asumió, juró, se paseó por los actos oficiales, firmó 215 fallos y luego presentó su renuncia con una carta más larga que su gestión. Todo esto tras ser rechazado en el Senado.

Con esta decisión judicial, se cierra (al menos por ahora) una de las jugadas más polémicas de Milei, que no solo violó la Constitución sino también el sentido común.

El juez de La Plata recordó que en los últimos 100 años ningún presidente democrático se animó a semejante despropósito. Ni siquiera los más autoritarios. Milei, por su parte, intentó justificar lo injustificable con una interpretación de la Constitución tan creativa como peligrosa.

Ahora la Corte vuelve a quedar con tres integrantes: Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz. Lijo, que nunca llegó a jurar, se atrincheró en su cargo original y hasta pidió licencia extraordinaria, que fue elegantemente rechazada por la Corte. Mientras tanto, el resto del país observa atónito cómo el Ejecutivo intenta avanzar a fuerza de decretos y se estrella contra la realidad institucional.

El intento de colar jueces como si fueran pasantes de verano terminó con un fallo que le devuelve un poco de seriedad al sistema. Al menos por ahora.