El decreto, que podría salir por arte de magia jurídica en los próximos días, incluiría unas 70 entidades. Según fuentes oficiales, el objetivo es "desburocratizar" el Estado. En criollo: ajustar con guadaña y sin mirar a quién. No importa si cumplen funciones esenciales, si emplean a cientos de trabajadores o si representan conquistas históricas. Si no rinden caja, van al tacho.

En este plan de desguace exprés, el Gobierno encontró en el DNU 70/23 la herramienta para esquivar al Congreso. El mismo que ya le sirvió para eliminar la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Agricultura Familiar y otros entes técnicos. Ahora, el nuevo paquete de recortes amenaza con dejar en la nada a sectores enteros de la administración pública.

Mientras tanto, crecen las internas en Casa Rosada y varios funcionarios intentan negociar excepciones. Pero Milei parece decidido a cumplir su promesa de campaña: dinamitar la estructura estatal, cueste lo que cueste. Incluso si eso implica dejar a miles de personas en la calle y desmontar áreas clave para el funcionamiento de la democracia.

El silencio frente al impacto social es atronador. El discurso de la eficiencia tapa cualquier análisis profundo sobre el rol de estas instituciones. El Estado se achica, sí. Pero no por inteligente cirugía, sino por una motosierra que no distingue músculo de grasa.