Sin embargo, la realidad detrás del aplauso es otra: casi el 70 por ciento del consumo de alimentos no pasa por supermercados, sino por almacenes de barrio, donde los aumentos no solo siguen vigentes, sino que no hubo ningún retroceso.

Lejos de poner foco en ese universo (que representa la parte más castigada por la inflación y la caída del consumo) el gobierno se saca selfies con los grandes empresarios, mientras los sectores populares siguen pagando precios desmedidos.

De hecho, entre octubre y diciembre de 2024, el 68 por ciento del canal de comestibles se comercializó en negocios de cercanía, según datos del sector almacenero. Allí no hubo milagros, ni gestiones “exitosas”.

El subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, intentó mostrar una línea firme: “No hay motivo cambiario ni tributario que justifique aumentos”, dijo. Pero las empresas que remarcaron aseguran que muchos de sus productos contienen insumos dolarizados y que ya se trabajaba con el dólar MEP, que tras la apertura del cepo incluso bajó. Aun así, Caputo se da por satisfecho.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei justifica la liberación de precios con frases como “que se metan los productos en el orto”, dejando en claro que el gobierno no planea regular el mercado. La mayoría de las cámaras supermercadistas y distribuidoras se pronunciaron en contra de los aumentos, aunque todas evitaron mencionar cómo repercute eso fuera de las góndolas de Carrefour o Jumbo.

Con un consumo masivo que se hundió 8,6 por ciento en el primer trimestre y 16 meses seguidos en caída, el relato oficial celebra victorias ficticias. La gente, en cambio, sigue llenando changuitos cada vez más vacíos en el negocio del barrio.