Vía libre para el lavado y la corrupción: Milei limitó por decreto el rol de la UIF
Por decisión del presidente Javier Milei, la Unidad de Información Financiera (UIF) dejará de actuar como querellante en causas de corrupción y lavado de activos. La medida fue formalizada a través del decreto 274/2025, y representa un drástico retroceso en las herramientas del Estado para perseguir delitos financieros complejos y proteger los recursos públicos.
Con esta resolución, el organismo pierde una de sus atribuciones centrales: impulsar judicialmente investigaciones contra quienes lavan dinero o cometen actos de corrupción. A partir de ahora, su función quedará reducida al intercambio de datos con otros entes estatales y al análisis de patrones vinculados a delitos financieros, sin posibilidad de participar activamente en las causas que se abran en la Justicia.
Le sacaron la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción y ahora a la UIF, pero se llenan la boca hablando de casta, narcotráfico y corrupción. Funcionarios, narcos y lavadores de ambos, felices. pic.twitter.com/9StOmUyddZ
— Natalia Volosin (@nataliavolosin) April 17, 2025
El decreto señala que la UIF establecerá condiciones y plazos para que las personas investigadas cumplan con obligaciones económicas, y si lo hacen sin reincidir, se extinguirán las sanciones. Esta modificación introduce un régimen que puede favorecer a quienes estén involucrados en maniobras de lavado, brindándoles una salida administrativa para evitar procesos penales.
La decisión fue tomada poco tiempo después de que el Gobierno removiera a Ignacio Yacobucci de la conducción de la UIF, argumentando supuestos “abultados gastos”, y designara en su lugar a Paul Starc. Lejos de fortalecer el organismo, el reemplazo vino acompañado de una poda de sus competencias más relevantes en el terreno judicial.
El decreto también incorpora cambios a la Ley de Inteligencia, ampliando el alcance de la Agencia Federal de Ciberseguridad y definiendo que los datos recabados por la UIF solo podrán ser utilizados en investigaciones o en análisis estratégicos. No se habilita su uso como sustento para presentaciones judiciales, con lo cual se acota notablemente la capacidad de reacción ante delitos financieros graves.
La UIF, creada en el año 2000 por la Ley 25.246 y dependiente del Ministerio de Economía, tenía hasta ahora un rol activo en la prevención y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La nueva normativa vacía de contenido a una de las principales herramientas estatales para combatir el crimen económico.
En un contexto donde el país enfrenta reiteradas denuncias de corrupción, el recorte de funciones a la UIF implica una señal alarmante sobre la voluntad real del Ejecutivo de perseguir estos delitos.
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