La consigna “ni un paso atrás” sintetiza el mensaje que llevarán los movimientos populares, encabezados por organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Popular Darío Santillán.

La resolución fue tomada tras una reunión entre representantes de la UTEP, encabezados por su secretario general, Alejandro Gramajo, y miembros del Consejo Directivo de la CGT.

La marcha está prevista para las 14 horas, con concentración en Avenida 9 de Julio e Independencia y cierre en el Monumento al Trabajo.

Según indicaron voceros de las organizaciones, la CGT decidió adelantar la movilización debido a que el Ejecutivo decretó el 2 de mayo como feriado puente, lo que evidencia la intención oficial de vaciar las calles y desactivar cualquier expresión de reclamo social durante la jornada del Primero de Mayo.

Desde hace semanas, tanto las organizaciones sociales como los gremios tradicionales vienen coordinando un frente común para enfrentar lo que definen como una avanzada del gobierno contra los derechos laborales y las condiciones de vida de millones de argentinos.

Referentes como Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y el sindicalista Héctor Daer coinciden en la necesidad de construir unidad entre trabajadores formales e informales, y de redoblar la presión frente a un gobierno que, lejos de ofrecer soluciones, profundiza la crisis social.

La UTEP, que agrupa a trabajadores de la economía informal, continúa reclamando su plena integración a la CGT.

El propio Gramajo advirtió que el plan de lucha continuará, con el foco puesto en denunciar el deterioro del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y la retirada del Estado en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social.

“La situación en los barrios es crítica. El narcotráfico avanza sin control y las políticas sociales que garantizaban un mínimo de dignidad están siendo eliminadas”, señaló el dirigente.

Uno de los puntos más alarmantes para los sectores populares es el acuerdo que la administración de Milei lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, calificado por las organizaciones como “criminal”.

Según denunciaron, dicho entendimiento abre la puerta a reformas laborales y previsionales que, de concretarse, implicarían un retroceso de décadas en materia de derechos.

En este contexto, la CGT se prepara para asistir la semana próxima al Congreso, donde expondrá su rechazo a los proyectos que apuntan a modificar la Ley de Contrato de Trabajo, una iniciativa impulsada por el oficialismo junto con bloques de la oposición de derecha.

Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, confirmó que gremialistas de la CGT y las dos CTA se harán presentes el 22 de abril para defender los derechos conquistados.

La marcha del 30 de abril no será un hecho aislado. Según adelantaron desde la UTEP y la CGT, se trata del primer paso de una escalada de medidas que buscarán frenar el ajuste, la pérdida de derechos y la desprotección creciente a la que está sometida la mayoría de la población trabajadora.