La deuda es un compromiso de pago que un país deberá afrontar después de haber recibido dinero para destinar a proyectos que beneficien a su población, pero puede ser que a veces eso no suceda así y termine siendo un perjuicio mayúsculo. En ese caso, cuando un Gobierno firma compromisos en contra de los intereses del pueblo, la parte agraviada no queda obligada al pago de aquello que sólo sirvió para hundirla en la miseria y para llenar los bolsillos de gobernantes inescrupulosos y sinvergüenzas, descripción que le queda muy bien al imputado por estafa, Javier Milei.

Este instrumento legal fue pensado para liberar del peso de la obligación a pueblos que vivieron bajo el yugo de monarquías absolutistas o dictaduras criminales, como el Proceso de Reorganización Nacional, pero también aplica para gobierno constitucionales, porque la legitimidad de origen no siempre se traduce en legitimidad de ejercicio. Le primera es la forma en que llegó al poder (por los votos o por la fuerza) mientras que la segunda es si gobierna para bien o para mal del pueblo.

Un Presidente puede llegar al gobierno con un 56 por ciiento de votos, pero si se dedica a destrozar el aparato productivo, a limar los derechos de los trabajadores, a llevar adelante un perverso plan de eliminar a los jubilados -a quienes mantiene en la indigencia sin medicamentos- se convierte en un tirano. Por supuesto que el pueblo tiene el derecho de resistir a la opresión y ese derecho está por encima de la voluntad de una ebria consuetudinaria que asegura impunidad al lumpenaje uniformado que abre fuego contra los que ejercen ese legítimo derecho, pero eso es harina de otro costal.

Volviendo a la deuda odiosa, su definición es: "Si un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que se le enfrenta, etcétera, esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado. Esta deuda no es una obligación para la nación; es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha tomado, por lo tanto ésta cae con la caída del poder que la tomó".

Así la definió el jurista ruso Alexander Sack. Esta doctrina tiene casi un siglo de existencia y es un verdadero desperdicio que la clase dirigente argentina no haya leído el valioso trabajo de Olmos Gaona. No se trata de una omisión inocente. Se trata de ignorar la existencia de una herramienta que podría terminar con la sumisión del país y devolver la dignidad a los argentinos, pero eso no está en la agenda de gobiernos antiargentinos que reconocen deudas ilegítimas o que las agrandan, pidiendo más plata prestada. En eso sí que no hay grieta.

(*) Periodista y abogado.