Estos fondos, según datos oficiales, se destinaron principalmente a cubrir intereses de deuda por 346.430 millones de pesos, permitiendo al ministro de Economía, Luis Caputo, destacar un superávit financiero y anunciar más ajustes.

En consecuencia, el Gobierno cumplió con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a nuevos desembolsos, pero a costa de comprometer la recaudación futura.

La recesión económica, sumada a la reducción de impuestos, limitó los ingresos públicos, que se mantuvieron constantes en un contexto de alta inflación. Consultoras estiman que el “esfuerzo fiscal” para 2025, centrado en la población, implicará un aumento del gasto primario real del 3 por ciento, forzando recortes en salarios, transporte, transferencias y gastos de capital.

Por ello, Caputo confirmó un nuevo ajuste fiscal para 2025, equivalente al 0,3 por ciento del PIB, elevando el superávit primario del 1,3 por ciento al 1,6 por ciento del PIB. “El Ministerio de Economía dispuso implementar un ajuste fiscal adicional para 2025 de 0,3 por ciento del PIB, lo que equivale a 0,5 por ciento anualizado e implica una suba en el superávit primario establecido para el año desde 1,3 por ciento del PIB a 1,6 por ciento del PIB”, afirmó el ministro en su cuenta de X. En marzo, el sector público logró un superávit financiero de 398.909 millones de pesos, impulsado por un resultado primario de 745.339 millones, aunque contrarrestado por el pago de intereses.

Este resultado se sustentó en recortes significativos, tanto nominales como reales, en partidas esenciales. Comparado con marzo de 2024, se destinaron 55.382 millones menos a Programas Sociales, 163.914 millones menos a subsidios energéticos, 153.091 millones menos a universidades, 19.167 millones menos a gastos de capital en energía y 1.108 millones menos a transferencias de capital a provincias. Ajustados por inflación (55,9 por ciento interanual), estos recortes son aún más pronunciados, reflejando un impacto directo en la población.

Además, las transferencias corrientes totalizaron 3,03 billones de pesos, con un aumento del 39,6 por ciento, inferior a la inflación. Las destinadas al sector privado crecieron 40,3 por ciento, destacándose las prestaciones sociales, PAMI, asignaciones familiares, programas alimentarios y el Plan 1.000 días. Sin embargo, las transferencias al sector público, de 345.016 millones de pesos, crecieron solo un 35,3 por ciento, lejos del ritmo inflacionario.

En este contexto, los subsidios económicos cayeron un 11,9 por ciento interanual, con una reducción del 53,1 por ciento en los energéticos, mientras que los de transporte aumentaron un 114,7 por ciento para mitigar el impacto en los trabajadores antes de las elecciones. No obstante, se anticipa que estos últimos enfrentarán recortes futuros, afectando especialmente a los sectores más vulnerables que dependen del transporte público.

Paralelamente, el Gobierno mantuvo la reducción de impuestos a sectores privilegiados, como la eliminación del Impuesto PAIS, la baja temporal de derechos de exportación y la derogación de certificados de exclusión, lo que debilitó la recaudación.

“Entre ellas se cuentan: i) la expiración del Impuesto PAIS en diciembre (había aportado 0,3 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2024), ii) la baja transitoria de derechos de exportación para exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025 y iii) la derogación a partir de marzo de la suspensión de los certificados de exclusión, lo que incidió negativamente en la recaudación de las percepciones aduaneras en IVA y Ganancias”, explicó Caputo en X. A su vez, más trabajadores fueron incluidos en el pago de Ganancias, incrementando la presión fiscal sobre la clase media.

Como resultado, los ingresos totales de marzo alcanzaron 9,4 billones de pesos, con un crecimiento del 54,8 por ciento interanual, apenas alineado con la inflación. Los recursos tributarios crecieron un 60,1 por ciento, impulsados por Ganancias (104,3 por ciento), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (99,7 por ciento), Derechos de Importación (89,8 por ciento), Derechos de Exportación (78 por ciento), IVA neto (59,4 por ciento) y Débitos y Créditos (57 por ciento).

Sin embargo, la falta de dinamismo económico y los recortes fiscales proyectan ingresos estancados, obligando al Gobierno a profundizar los ajustes en el gasto público en los próximos meses.