La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) emitió un comunicado institucional el 15 de abril, en el que calificó las declaraciones realizadas en ese espacio televisivo como “un severo ataque no sólo a la justicia nacional del trabajo, sino a la independencia del Poder Judicial en su conjunto”.

En su misiva, la AMFJN advirtió que los dichos del periodista “faltan a la verdad y se encuentran dirigidos a confundir a la ciudadanía y a desprestigiar a la Justicia del Trabajo”, y subrayó que, si bien los fallos judiciales pueden ser objeto de crítica, ello no autoriza “al agravio ni al descrédito de los magistrados/as que intervienen en esas causas”.

Respuesta de la ALJT: posible denuncia internacional

El 14 de abril, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT), con sedes en Buenos Aires y Recife, también repudió las declaraciones de Bullrich, destacando su “estólida ignorancia” al confundir decretos con leyes y desconocer el proceso constitucional de designación de jueces de trabajo.

La ALJT advirtió que la imputación de “mafia” dirigida a los jueces laborales, además de falsa, podría ser objeto de denuncia ante los organismos correspondientes, y anunció su “más absoluta solidaridad” con los magistrados afectados, reservándose la posibilidad de acudir a los Organismos Internacionales de Independencia Judicial de la ONU.

COPAJU Argentina se suma al rechazo

El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) se pronunció el 16 de abril, considerando las expresiones de la ministra como “agravios abusivos e inadmisibles” que atentan contra el Estado de Derecho y la independencia judicial.

En su comunicado, firmado por el doctor César Raúl Jiménez, el organismo señaló que tales manifestaciones evidencian “desprecio, inopia y desinformación respecto del procedimiento de designación de juezas y jueces”.

Contexto y repercusiones

Las críticas se producen en un escenario de creciente tensión entre el poder Ejecutivo y el Judicial en el país. Desde los organismos judiciales reclaman que, aun en democracia, el debate público sobre fallos y funcionarios judiciales se realice con respeto a los mecanismos constitucionales y evitando han-glares personales que puedan minar la credibilidad institucional.

Mientras tanto, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos rechazos colectivos. En los próximos días, se aguardan posibles acciones formales de los organismos afectados, que podrían llegar a instancias internacionales si persisten las descalificaciones.