El operativo represivo (una marca registrada del gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich) volvió a poner en evidencia la violencia institucional contra manifestaciones pacíficas, en este caso encabezadas por jubilados y dirigentes de izquierda.

Desde Agencia NOVA estuvimos ahí. No nos lo contaron. Lo vimos. Presenciamos cómo, sin provocación alguna, los efectivos policiales dispararon gases lacrimógenos contra adultos mayores que exigían simplemente lo que les corresponde: una jubilación digna.

El humo lo cubría todo y el sonido de las sirenas apenas tapaba los gritos de bronca y dolor. En ese contexto fue alcanzado el diputado Vilca, que debió ser retirado para recibir atención médica urgente.

Vilca se encontraba acompañado por sus compañeros de bloque, como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Vanina Biasi, cuando fue alcanzado por el gas. La represión no discriminó entre manifestantes ni cargos: un diputado nacional terminó con los ojos quemados por ejercer su derecho a la protesta.

En medio del estupor, el diputado Christian Castillo llevó el tema al recinto y denunció la agresión ante el Congreso, mientras recibía burlas desde el sector libertario. Las risas de Silvina Giudice y otra diputada frente a una denuncia de violencia institucional solo alimentaron la indignación.

Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Vilca y repudio a la represión. “Ya no se conforman con ajustar a los jubilados, ahora también los reprimen, y si alguien los defiende, lo gasean”, fue una de las frases que más se replicó. El accionar represivo ya ha sido condenado por organismos de derechos humanos y numerosos referentes sociales y políticos.

Una vez más, el gobierno de Milei responde con palos y gas a lo que no quiere escuchar: los reclamos de los más postergados.