Al menos 50 universidades han detectado estas acciones tras examinar el sistema interno de seguimiento migratorio, en medio de un clima ya tenso tras las deportaciones de estudiantes vinculados a protestas propalestinas a principios de año.

Sin embargo, las autoridades universitarias aseguran que estas nuevas revocaciones no están relacionadas con activismo político, sino que se argumentan presuntas “violaciones de estatus migratorio” sin mayor detalle.

“La forma en que están persiguiendo esta política es sin precedentes”, señaló Sidra Mahfooz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien denunció la falta de coordinación habitual entre las universidades y el Departamento de Estado.

“Generalmente, una revocación no implica deportación inmediata, pero en este caso se ha operado con total opacidad”, añadió.

Cuatro estudiantes han presentado demandas judiciales en diversos estados, buscando la restauración de sus visas. Entre ellos se encuentra Xiaotian Liu, estudiante de posgrado en Dartmouth, representado por la ACLU. Otras acciones legales se desarrollan en California y Pensilvania, donde estudiantes afectados permanecen en el país con apoyo legal mientras definen sus próximos pasos.

La Universidad de Washington informó que al menos nueve miembros de su comunidad académica "entre estudiantes activos y graduados en formación profesional" han sido afectados. Northeastern University, por su parte, ha reportado más de 40 revocaciones, el número más alto hasta el momento.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha intervenido en los campus, y no se han producido arrestos masivos, a diferencia de los operativos anteriores.

“Una de las extraordinarias fortalezas de Estados Unidos a lo largo de su historia es que siempre ha sido un faro de esperanza para personas de todo el mundo”, lamentó Heather Harris, portavoz de la Universidad Estatal de Bridgewater, tras confirmar la revocación de una visa en su institución.

El gobierno de Trump no ha emitido una explicación formal ni ha respondido a las solicitudes de las universidades, muchas de las cuales continúan evaluando cuántos de sus estudiantes han sido afectados. Mientras tanto, organizaciones como el National Lawyers Guild y la ACLU se mantienen activas en la defensa de los derechos de los estudiantes internacionales ante lo que consideran un accionar “arbitrario e inconstitucional”.