La entidad informó que desde la Secretaría de Educación se les comunicó a los directivos y representantes legales de los colegios que ya pueden comenzar a completar los formularios que corresponden a las instituciones. Es una declaración jurada con información institucional y con datos relacionados a los valores de los aranceles que se debe presentar antes de fin de este mes.

Aunque el aporte que realiza el Gobierno consiste, en teoría, en un monto equivalente al 50 por ciento del valor de la cuota programática de la jornada simple de cada nivel educativo establecida en marzo de este año, habrá que ver cómo son los resultados, ya que en 2024 hubo muchas quejas por el otorgamiento de montos ínfimos.

Tal como establece la Resolución 61 del 2024 del Ministerio de Capital Humano que puso en marcha el programa, la medida alcanza a aquellas instituciones que reciben un mínimo de 75 por ciento de subvención estatal.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, sería hasta el 50 por ciento de 51.960 pesos (costo de la matrícula jornada simple de secundario con 80 por ciento de subvención ) o hasta la mitad de 45.890 pesos, que es el valor de la cuota mensual de una primaria con 80 por ciento de subvención . En el caso de los colegios con el cien por ciento de aporte estatal, sería el 50 por ciento de 27.430 pesos (secundaria) o 24.880 pesos (primaria).

El año pasado, Aiepa había enviado una nota a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano para que los vouchers también alcancen a los alumnos de las escuelas que reciben menos del 75 por ciento de subvención estatal o incluso, se beneficie a las que no reciben ningún tipo de subsidio y cuyas comunidades educativas necesitan ingresar al programa.

Este año, a partir de ajustes en el mecanismo administrativo del programa, los directivos de los colegios ante eventuales casos en los que los beneficiarios del programa no estén al día con las cuotas, puedan informar esa irregularidad para cesar el aporte.

Solo pueden acceder al beneficio económico las familias cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos.