El brutal asesinato de Sara Millerey estremece a Colombia y expone la violencia sistemática contra la comunidad trans
El reciente asesinato de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, ha conmocionado a Colombia y ha puesto en evidencia la alarmante violencia que enfrenta la comunidad trans en el país. Sara fue brutalmente agredida en Bello, Antioquia, donde sus atacantes le quebraron los brazos y las piernas antes de arrojarla a una quebrada. Mientras luchaba por su vida, los agresores grabaron un video que luego difundieron en redes sociales, mostrando la crueldad del acto y la indiferencia de quienes presenciaron la escena sin intervenir.
Este crimen no es un hecho aislado. Según la organización Caribe Afirmativo, en lo que va de 2025, se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia, de los cuales 15 eran personas trans. La Defensoría del Pueblo ha identificado 13 transfeminicidios en los primeros tres meses del año, reflejando una tendencia preocupante de violencia sistemática contra esta comunidad.
Su nombre es Sara Millerey y fue asesinada vilmente. pic.twitter.com/DJaigmu3yj
— ¿Se lo explico con plastilina? (@altereddie) April 9, 2025
La respuesta institucional ha sido criticada por su lentitud y falta de contundencia. Aunque la alcaldesa de Bello, Lorena González, condenó el asesinato y prometió acciones, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas para dar con los responsables. Además, el secretario de Seguridad de Bello, José Rolando Serrano Jaramillo, fue señalado por referirse a Sara de manera despectiva, negando su identidad de género y perpetuando la violencia simbólica desde las instituciones.
La comunidad LGBTIQ+ ha convocado a velatones en Bogotá y Medellín para exigir justicia por Sara y por todas las víctimas de transfobia en el país. Estas manifestaciones buscan visibilizar la violencia estructural que enfrenta la comunidad trans y demandar acciones concretas por parte del Estado para garantizar su seguridad y derechos.
El caso de Sara Millerey ha generado un debate nacional sobre la necesidad de políticas públicas efectivas que protejan a las personas trans y sancionen con rigor los crímenes de odio. Organizaciones de derechos humanos y activistas han reiterado la urgencia de implementar medidas que aborden las causas estructurales de la violencia transfóbica y promuevan una cultura de respeto e inclusión.
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