A esto se suma un problema estructural que ha caracterizado a la justicia neuquina durante años: su vínculo con el poder político, especialmente con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que gobernó la provincia por décadas y cuyas influencias aún se sienten en los tribunales. Sin embargo, la llegada del gobernador Rolando Figueroa trajo intentos de cambio.

Con un discurso de combate frontal contra la corrupción y el narcotráfico, Figueroa firmó un convenio con la Justicia Nacional para implementar el Código Procesal Penal Federal y reforzar la lucha contra el narcotráfico en la provincia. Además, encabezó la incineración de 800 kilos de cocaína incautados en un operativo histórico. Son señales de un giro en la administración de justicia, aunque aún queda un largo camino por recorrer.

Más allá de los esfuerzos del Ejecutivo, la realidad judicial de Neuquén sigue marcada por una preocupante parálisis. Casos de corrupción emblemáticos, como el escándalo de los Planes Sociales o las irregularidades en la gestión de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, avanzan con una lentitud exasperante. A pesar de la promesa de "presos" para los responsables de estafas al Estado, los juicios orales siguen sin fecha y los imputados caminan libres.

Este año será clave, no solo porque la justicia deberá mostrar resultados concretos, sino porque las causas abiertas se convertirán en insumos de la campaña electoral.

Transparencia, corrupción y manejo de fondos estatales serán temas inevitables en el debate político. Mientras tanto, la fiscalía de Estado, encargada de impulsar estos expedientes, parece actuar con un ritmo que poco se condice con la urgencia del momento.

La ineficiencia judicial no es un problema nuevo. La subordinación presupuestaria al Ejecutivo provincial ha impedido una verdadera independencia del Poder Judicial.

En la práctica, el TSJ debe pedir permiso al gobierno para cada gasto, y la falta de recursos impacta en infraestructura, tecnología y celeridad procesal. Además, el nuevo presidente del Tribunal, Gustavo Mazieres, enfrenta su primer gran desafío al mando de un sistema judicial que arrastra problemas estructurales desde hace años y cuya credibilidad está en juego.

La sombra del MPN en la Justicia

La influencia del MPN sobre la justicia neuquina no es un secreto. La mayoría de los jueces y fiscales han sido nombrados bajo su gobierno, y las causas sensibles para la política suelen dilatarse o archivarse sin mayores explicaciones.

La falta de avances en investigaciones sobre corrupción en la administración pública genera sospechas. ¿Hasta dónde llegarán las causas contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz? ¿Se investigará en profundidad el destino de los fondos de los planes sociales? ¿Qué pasará con los escándalos de las canchas de césped sintético que, según denuncias, nunca se construyeron? El Poder Judicial parece moverse con una selectividad que favorece a ciertos sectores y castiga a otros.

La presión del Gobierno provincial por obtener resultados en la lucha contra la corrupción y el narcomenudeo es evidente. Pero sin un sistema judicial eficiente y autónomo, las promesas pueden quedar en meras intenciones. La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal debería ser un paso adelante, pero si los jueces y fiscales no cuentan con los recursos y la decisión política para aplicarlo, difícilmente se traduzca en cambios reales.

Narcomenudeo: el nuevo desafío judicial

Uno de los grandes desafíos para la justicia neuquina en 2025 será la absorción de los casos de narcomenudeo, hasta ahora en manos de la justicia federal. La implementación del nuevo código procesal plantea interrogantes sobre los criterios para determinar qué casos serán provinciales y cuáles seguirán bajo jurisdicción federal. La falta de experiencia de jueces y fiscales en estos delitos, sumada a la escasez de recursos, genera dudas sobre la efectividad de la medida.

Mientras el gobierno busca dar golpes de efecto con operativos y destrucción de drogas, el sistema judicial aún no tiene claro cómo aplicará la nueva normativa. Sin una estrategia coordinada entre la justicia provincial y la federal, existe el riesgo de que los casos queden atrapados en conflictos de competencia, dilatando aún más los procesos.

A esto se suma la crisis en el sistema penitenciario. Las cárceles y comisarías ya no tienen espacio para alojar a nuevos detenidos en condiciones dignas, y la falta de inversión en infraestructura carcelaria complica aún más la situación. Si la lucha contra el narcomenudeo se traduce en más condenas, ¿Dónde se alojará a los presos?

Con un nuevo presidente en el TSJ, conflictos internos sin resolver y causas de alto impacto político en marcha, el sistema judicial está en la mira de la ciudadanía. La sociedad exige respuestas concretas, juicios rápidos y condenas efectivas, pero la historia reciente no invita al optimismo.

El gobernador Figueroa ha demostrado voluntad de cambio, pero necesita que la justicia acompañe con acciones concretas. Si el Poder Judicial sigue funcionando con su tradicional lentitud y burocracia, la credibilidad del sistema seguirá en caída libre. La gran pregunta es si este año marcará un punto de inflexión o si Neuquén seguirá atrapada en la inercia de una justicia que, por ahora, sigue sin arrancar.