Adolescentes trans y organizaciones LGBT llevan a la justicia el decreto del presidente argentino Javier Milei
Cuatro adolescentes trans de la Ciudad de Buenos Aires presentaron el pasado 18 de febrero un recurso de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, emitido por el Gobierno de Javier Milei, que prohíbe el acceso a terapias de hormonización para menores de edad.
La medida cautelar, respaldada por el Frente Nacional Orgullo y Lucha y patrocinada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, busca garantizar la continuidad de sus tratamientos y evitar daños irreversibles en su salud física y psicológica. El caso está en manos del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre.
Paralelamente, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), junto al diputado Esteban Paulón, y organizaciones como Fundación MujeresxMujeres y Trans-formando Familias de Tucumán, han iniciado acciones legales para declarar la inconstitucionalidad del decreto.
Alegan que vulnera la Ley de Identidad de Género (26.743), el Código Civil y Comercial, y principios constitucionales como la autonomía progresiva y la no regresividad de los derechos humanos.
Gil Domínguez sostiene que el DNU es “nulo de nulidad absoluta” por carecer de sustento legal y atentar contra los derechos a la identidad de género y la no discriminación.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido sobre las graves consecuencias de interrumpir abruptamente las hormonizaciones, incluyendo depresión, ansiedad y riesgo de suicidio.
La SAP aclaró que estos tratamientos, aplicados solo en la pubertad y bajo estándares científicos, mejoran significativamente la calidad de vida de adolescentes trans, refutando afirmaciones de intervenciones en la infancia.
Desde el ámbito técnico, Marisa Herrera, investigadora del Conicet, destacó la acción como un acto en defensa del interés superior del niño, mientras que grupos como 100 por ciento Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) calificaron el decreto como un retroceso en derechos humanos que podría abrir la puerta a más restricciones. Las familias, representadas por Munay, exigen que no se les arrebate el acceso a la salud integral.
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