El segundo episodio ocurrió en Mar del Plata, donde Matías Paredes, un albañil de 26 años, fue asesinado de cuatro balazos por efectivos de la Policía Bonaerense que, vestidos de civil y a bordo de autos sin patente, lo atacaron sin identificarse ni dar la voz de alto. El hecho tuvo lugar en el barrio Bosque Grande, al sur de la ciudad, y quedó registrado por cámaras de seguridad. La versión oficial intentó justificar el crimen alegando una confusión en el marco de la búsqueda del asesino de un kiosquero, pero la brutalidad del operativo y la ejecución sumaria de Paredes dejan en evidencia la impunidad con la que actúan las fuerzas policiales. Las fuerzas de seguridad han recibido un peligroso mensaje de impunidad y "vía libre" para actuar sin consecuencias.

Estos hechos no son aislados ni fortuitos, sino parte de una preocupante escalada de violencia institucional que encuentra respaldo en discursos políticos que avalan la "mano dura" y la represión como forma de control social.

No es la primera vez que la ministra encubre casos de gatillo fácil y violencia estatal; su historial incluye los encubrimientos en los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Fernando Gómez. Ahora, el silencio oficial sobre el crimen de Torres y Paredes no solo demuestra complicidad, sino que confirma una política de Estado que permite y fomenta la represión como respuesta a la crisis social.

Las comunidades indígenas, organizaciones sociales han expresado su repudio y solidaridad con las familias de las víctimas, exigiendo justicia y el cese de la brutalidad policial. Sin embargo, sin una voluntad política real de reformar las fuerzas de seguridad y terminar con el gatillo fácil, los casos seguirán multiplicándose.