En un intento fallido por gestionar el pago y evitar nuevas sanciones, el Gobierno creó en marzo de 2024 el "Fideicomiso Especial de la República Argentina" en Nueva York, mediante un decreto. Con este instrumento, se buscó constituir una garantía por 337 millones de dólares. Sin embargo, la justicia británica fue inflexible. El juez Stephen Phillips, al solicitar la garantía para la apelación, sostuvo que, aunque comprendía el impacto financiero en un país con dificultades económicas, no encontraba pruebas convincentes sobre un daño irremediable para la población. La falta de una estrategia clara por parte del equipo económico de Milei quedó en evidencia una vez más.

El Cupón PBI fue un mecanismo financiero creado en 2005 como parte del canje de deuda liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Este bono garantizaba pagos a los bonistas si la economía argentina crecía más del 3 por ciento anual hasta 2035.

Sin embargo, desde 2011, la falta de crecimiento económico impidió la continuidad de estos pagos, lo que derivó en el litigio actual. A pesar de que el problema comenzó en gestiones anteriores, la incapacidad del Gobierno de Milei para abordar este tema de manera efectiva ha profundizado la crisis.

El Gobierno nacional no ha emitido declaraciones oficiales tras la ejecución de la garantía, aunque el presidente Javier Milei ya había expresado su postura cuando se conoció el fallo desfavorable. A través de su cuenta en la red social X, en lugar de asumir responsabilidades, se limitó a culpar a gestiones pasadas. “La manipulación de los datos del INDEC que hizo el kirchnerismo nos habría costado 1.330 millones de euros. Pasó una década y los argentinos seguimos pagando el desastre que hicieron los inútiles e ignorantes que nos gobernaron”, afirmó el mandatario, desviando la atención de su inacción en el tema.

Mientras la economía argentina enfrenta una situación desafiante, el litigio por el Cupón PBI suma presión sobre las finanzas del país. La ejecución de la garantía representa un desembolso significativo, pero aún queda por resolver el saldo restante de la deuda impuesta por la justicia británica. El Gobierno, lejos de plantear soluciones concretas, continúa enfocado en discursos ideológicos que no ayudan a mejorar la situación.

La oposición también se pronunció sobre el caso, acusando al Gobierno de Milei de no haber manejado adecuadamente la estrategia judicial y de haber permitido que la garantía fuera ejecutada sin una negociación previa. Sin un plan claro, Argentina sigue perdiendo recursos fundamentales en medio de una crisis económica que Milei no ha sabido contener.

Con la garantía ejecutada y el monto restante aún en disputa, el litigio del Cupón PBI sigue siendo un tema de gran relevancia. Argentina deberá afrontar los próximos pasos judiciales mientras la administración de Milei sigue sin ofrecer respuestas concretas y deja al país cada vez más expuesto a reveses financieros en tribunales internacionales.