Un sistema corrupto que perjudicó a la provincia

Tras la dimisión de D’Onofrio, la Justicia intensificó las investigaciones sobre un circuito paralelo de gestión de multas de tránsito. La causa, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, apunta a una estructura donde los infractores podían reducir o eliminar sus sanciones a cambio de abonar un porcentaje del valor original de la multa. Esta práctica habría generado un importante perjuicio económico para la provincia de Buenos Aires.

Quattrochi, quien se desempeñaba en los juzgados provinciales de La Plata y San Isidro, está acusado de favorecer la reducción de multas en varios municipios, permitiendo que en algunos casos las sanciones se convirtieran en tareas comunitarias o pagos insignificantes. Los fondos obtenidos de manera irregular habrían sido repartidos entre gestores y funcionarios involucrados, informó REALPOLITIK.

Lavado de dinero y conexiones internacionales

Las sospechas sobre Quattrochi no se limitan solo a la gestión de fotomultas. La Justicia también investiga su presunta participación en maniobras de lavado de dinero, las cuales estarían vinculadas a sociedades establecidas en España. La existencia de estas empresas en el exterior genera interrogantes sobre el destino final de los fondos obtenidos en el entramado de corrupción.

Otros implicados en la causa

Entre las personas bajo investigación también se encuentran Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y colaboradora cercana de D’Onofrio, y su hermana Roxana Pombo, quien se desempeñó como directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias. Asimismo, Facundo Asencio, yerno de Claudia y exdirector de Fiscalización y Control, figura en la lista de investigados.

También de acuerdo al medio REALPOLITIK, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de D’Onofrio, las hermanas Pombo, Asencio y otros cuatro implicados. El objetivo es rastrear movimientos financieros sospechosos y determinar el alcance de la presunta defraudación al Estado.

Con la destitución de Quattrochi y el avance de la causa, la investigación podría implicar a más funcionarios que integraron la estructura del Ministerio de Transporte bonaerense. Mientras tanto, crecen las exigencias de transparencia y justicia en un caso que expone la magnitud de la corrupción en la administración pública.