El dirigente responsabilizó al Ejecutivo por un eventual conflicto y advirtió que los gremios seguirán trabajando en conjunto para encontrar soluciones a las “grandes necesidades” del sistema educativo y las “profundas carencias” salariales que afectan a los docentes en el país.

Las declaraciones de Romero se dieron tras una reunión en la sede de la CGT junto con Sara García (AMET) y Fabián Feldman (CEA), donde analizaron la delicada situación salarial del sector. El sueldo mínimo de los docentes permanece congelado en 420 mil pesos desde agosto de 2023, una cifra que, según los gremios, se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

“La crisis educativa es alarmante y el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. No solo los salarios son de indigencia, sino que la infraestructura escolar también está en condiciones críticas”, advirtió Romero, y agregó que el desfinanciamiento del sistema educativo no solo afecta a los docentes, sino que repercute directamente en la calidad del aprendizaje.

Desde la Casa Rosada admitieron que “aún no hay una fecha prevista” para la paritaria nacional docente, aunque minimizaron el riesgo de conflicto. Sin embargo, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que lidera Sonia Alesso, señalaron que si el llamado oficial no se concreta la próxima semana, se avanzará con medidas de fuerza.

La última paritaria nacional docente fue en agosto pasado, pero el Gobierno terminó fijando el aumento de manera unilateral tras no alcanzar un acuerdo con los gremios.

Según la Secretaría de Educación de la Nación, los montos para el salario mínimo docente se establecieron en 380 mil pesos desde abril, 400 mil desde mayo y 420 mil desde julio de 2024. Sin embargo, los gremios denunciaron que estas cifras no se condicen con la inflación y el costo de vida actual.

El panorama educativo se presenta incierto, con un Gobierno que hasta el momento no ha dado señales de querer discutir una recomposición salarial y con los gremios advirtiendo sobre posibles medidas de fuerza.

A pocas horas del comienzo de las clases, la falta de respuestas agrava el conflicto y deja en evidencia el desinterés oficial en resolver una problemática que impacta directamente en millones de alumnos y docentes de todo el país.