El proyecto, incluido en el temario de sesiones extraordinarias propuesto por el Gobierno, había obtenido dictámenes en comisiones la semana pasada, aunque con divisiones internas que derivaron en seis textos distintos. En la antesala de la sesión, La Libertad Avanza lideró negociaciones con bloques dialoguistas, con la participación del vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi. Uno de los puntos más controvertidos fue la llamada "cláusula Petri", en referencia al ministro de Defensa Luis Petri, quien contribuyó a la redacción del texto inicial enviado desde el Poder Ejecutivo.

El proyecto propone modificar el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos para prohibir las candidaturas de personas con doble condena por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Sin embargo, uno de los aspectos más discutidos fue la inclusión de una disposición que limitaba esta inhabilitación a condenas dictadas antes del 31 de diciembre de un año no electoral. Este punto fue rechazado por diputados dialoguistas, quienes lo consideraron inconstitucional.

Tras intensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo para reformular el artículo 1º del dictamen. Según el nuevo texto, la prohibición de candidatura se aplicará únicamente si la sentencia condenatoria es confirmada por un órgano judicial superior antes del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de las elecciones generales. Si la confirmación ocurre después de esa fecha, la inhabilitación entrará en vigor tras finalizar el proceso electoral.

Además, se establece que la Cámara Nacional Electoral deberá crear un "Registro Público de Ficha Limpia", donde se consignarán las sentencias condenatorias, sus eventuales revocaciones y los datos de las personas afectadas. La ley también extiende la inhabilitación a otros cargos públicos, como ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados y directores de empresas estatales.

Posturas enfrentadas en el recinto

El debate estuvo cargado de tensiones políticas y discursos encendidos. Desde Unión por la Patria (UP), los legisladores denunciaron que el proyecto tiene como objetivo proscribir a Cristina Kirchner, calificándolo como una medida anticonstitucional que vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido. La diputada Vanesa Siley afirmó que "esto no es transparencia, es una limitante a la soberanía popular". Por su parte, Mónica Litza sostuvo que "ficha limpia ya existe en nuestra legislación" y rechazó lo que consideró un uso político del tema.

Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz defendió el proyecto como una herramienta necesaria para fortalecer la democracia. "El derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser reglamentado", argumentó. Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, respaldó la iniciativa señalando que "no estamos cercenando derechos; estamos diciendo que quien tiene doble condena por corrupción no puede ser candidato".

Por otro lado, desde bloques opositores como Juntos por el Cambio se enfatizó en la necesidad de combatir la corrupción. Silvia Lospennato destacó que esta ley ya rige en ocho provincias argentinas y lamentó los años perdidos sin avanzar en su implementación a nivel nacional. "Después de tantos intentos fallidos, logramos los votos para avanzar", celebró.

El debate también incluyó críticas al sistema judicial argentino. Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, cuestionó la independencia del Poder Judicial y acusó al proyecto de ser "hipócrita". En contraste, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, defendió la medida como un paso importante en la lucha contra la corrupción.

Un largo camino hacia Ficha Limpia

El proyecto enfrenta ahora su mayor desafío en el Senado, donde deberá superar las divisiones políticas para convertirse en ley. Aunque esta vez logró avanzar en Diputados tras varios intentos fallidos (incluidos dos fracasos en noviembre pasado), las discusiones previas dejaron en evidencia las profundas diferencias entre los bloques políticos.

Para algunos sectores, esta iniciativa representa un avance significativo hacia una política más transparente y libre de corrupción. Para otros, es una herramienta utilizada con fines políticos que podría limitar derechos fundamentales.

Lo cierto es que el debate sobre Ficha Limpia trasciende el recinto legislativo y pone sobre la mesa cuestiones centrales sobre los valores democráticos y las reglas del juego político en Argentina. La decisión final del Senado será clave para definir si esta medida se convierte en una nueva norma o si vuelve a quedar archivada como ocurrió en ocasiones anteriores.