Todo comenzó cuando la justicia determinó que los padres de los menores eran responsables de explotación infantil, obligándolos a mendigar y vender en las calles. La decisión fue trasladar a los niños al cuidado de María, quien, sin opciones y con una precaria situación económica, asumió la responsabilidad. Sin embargo, lo que debería haber sido un acto de protección, se convirtió en una carga insostenible.

“La justicia me entregó a los chicos sin ningún tipo de apoyo económico. En ese momento, los padres cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero ahora ni eso, porque el padre cobra una jubilación y no aporta lo que tiene que aportar”, explica María.

A pesar de su dedicación, mantener a cuatro niños en un contexto de pobreza extrema ha sido una tarea titánica. María confiesa que no puede hacerse estudios médicos ni cuidar de su propia salud: “Estoy enferma, pero no puedo dejar de trabajar. Ellos tienen que comer”.

Sin apoyo ni respuestas judiciales

Lo más preocupante del caso es la falta de resolución de la causa penal contra los padres, quienes enfrentan denuncias graves, incluyendo maltrato y abuso sexual. A pesar de la gravedad, el proceso sigue estancado, y recientemente, uno de los menores volvió al cuidado del padre sin una orden judicial válida.

“Hace años que pido que me den la guarda de los chicos, pero nunca me dieron una solución. Sin ese papel, no puedo gestionar la AUH ni solicitar una cuota alimentaria”, denuncia. María tampoco cuenta con un ingreso fijo desde que fue despedida tras trabajar 22 años en la Terminal de Ómnibus de Posadas, sin recibir indemnización.

La abuela también enfrenta desafíos de salud. Además de problemas cardíacos y articulares, tiene una discapacidad auditiva que afecta su calidad de vida: “Me recomendaron un audífono, pero no puedo ir a tratarme porque tengo que cuidar a los chicos. El pasaje está caro, y moverme con ellos es muy difícil”.

A pesar de todo, María ha logrado que sus nietos estén escolarizados, bien alimentados y cuidados. La comunidad educativa la apoya, y la directora y maestras son conscientes de su situación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de los niños la consume.

“Ellos están bien conmigo, pero la Justicia debería estar de nuestro lado. Si no me van a dar la guarda después de tanto tiempo, que se los lleven, porque yo no tengo capacidad para mantenerlos. Me pregunto qué va a pasar con ellos si a mí me pasa algo”, expresa entre lágrimas.

El caso de María, un reflejo de una crisis estructural

El caso de María Rojas no es aislado. En Misiones, cientos de familias enfrentan situaciones similares, donde el sistema judicial y de protección social no garantiza el bienestar de los menores en situación de riesgo. Las medidas son insuficientes, y la falta de seguimiento y apoyo económico agravan el problema.

Mientras tanto, María sigue luchando por darles un hogar a sus nietos, con la esperanza de que algún día el Estado y la Justicia respondan a su llamado. “Ellos necesitan un futuro mejor, y yo no puedo sola”, concluye.

El caso de María deja en evidencia un sistema que, lejos de proteger, perpetúa las vulnerabilidades de los sectores más desamparados. ¿Qué medidas tomará la Justicia para garantizar la seguridad de estos niños? ¿Quién protege a los protectores? Las respuestas, por ahora, siguen siendo un interrogante.