La resolución se produjo en respuesta a un reclamo presentado por el gremio AEFIP, que había solicitado una medida cautelar para proteger a sus afiliados ante lo que consideraban un ataque directo a sus derechos laborales. Este fallo revoca una decisión de primera instancia que, anteriormente, había rechazado el pedido de la medida de no innovar, argumentando la inexistencia de un caso real.

La Sala de Feria, compuesta por los jueces Gabriel De Vedia, Roberto Pompa y Mario Fera (en disidencia), se encontró con un panorama donde el Ejecutivo implementó un plan para reducir un 80 por ciento los salarios directivos y deshacerse de aproximadamente el 15% del personal de ARCA. Estos cambios se justificaron bajo el argumento de una supuesta expansión innecesaria de la agencia en años pasados.

La medida cautelar es crucial, ya que protege no solo a los empleados de ARCA, sino también a los del sindicato SUPARA, que representa a los trabajadores de Aduana. Esta protección judicial se fundamenta en el hecho de que cualquier reorganización del personal afectaría los derechos laborales individuales y colectivos garantizados por los Convenios Colectivos de Trabajo.

La Justicia señaló que el informe presentado por el Gobierno ante el Senado, el cual mencionaba un “inminente proceso de reestructuración y disminución de personal”, claramente indicaba una amenaza a la estabilidad laboral en ARCA. Esto respaldó la decisión de otorgar la medida cautelar, argumentando que existía una verosimilitud del derecho y un peligro inminente en la demora.

El Ejecutivo, por su parte, intentó argumentar que la Justicia no era competente en esta causa, alegando que no se habían llevado a cabo despidos masivos. Sin embargo, la Cámara desestimó esta defensa, reforzando que los derechos laborales de los trabajadores estaban claramente establecidos en los convenios vigentes.

El juez Fera, en su disidencia, reconoció la legitimidad de la acción del sindicato, pero consideró que la materia requiere un debate más amplio. Su posición sugiere una necesidad de discutir el contexto y las implicaciones de cualquier cambio propuesto por el Gobierno, así como el posible impacto discriminatorio que esto podría conllevar.

Este fallo de la Justicia Nacional del Trabajo representa un momento significativo en el ámbito laboral argentino, especialmente en un contexto en el que muchos trabajadores sienten que su estabilidad y derechos vuelven a estar en la cuerda floja.

La decisión de la justicia no solo protege a los empleados de ARCA y SUPARA, sino que también envía un mensaje claro al Ejecutivo sobre los límites de su poder en la gestión de recursos humanos y la necesidad de respetar los derechos laborales establecidos.

A medida que el escenario político y económico avanza, el seguimiento de este caso será clave para evaluar el futuro del trabajo en Argentina y la defensa de los derechos laborales en tiempos de cambio.