El gobierno sostiene que aceptar esta declaración sería un error, ya que causaría un daño irreversible a las víctimas y a la justicia en general. En una intervención ante un tribunal de apelaciones, los abogados del gobierno argumentaron que el acuerdo no permitiría el castigo adecuado para los responsables de la masacre, que dejó casi 3.000 muertos. A su vez, destacaron que la decisión podría ser una forma de evitar el proceso judicial completo y la posibilidad de imponer la pena capital.

Los tres hombres han estado en custodia estadounidense durante más de 20 años, y sus juicios han estado plagados de controversias relacionadas con las condiciones de su detención, incluidos los métodos de interrogatorio de la CIA. Las audiencias previas al juicio se han extendido por más de una década, y las familias de las víctimas critican el proceso por considerarlo lento y opaco.

El panel de jueces que suspendió temporalmente el acuerdo advirtió que aún no se había tomado una decisión sobre el fondo del caso, pero que necesitaban más tiempo para deliberar sobre la solicitud del gobierno.