A pesar de la falta de mantenimiento, el gobierno considera que privatizar es la solución. La propuesta está enfocada en un primer paso, que abarca la licitación de dos tramos del Corredor 18 (Rutas 12 y 14, y el Puente Rosario-Victoria). Estas rutas atraviesan importantes provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, afectando a una gran cantidad de comerciantes y usuarios del transporte. La propuesta de privatización incluye 9145 kilómetros de rutas, que representan el 20 porciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 porciento del tránsito.

Un proyecto de riesgo para los argentinos

Este plan de privatización, además de poner en manos de privados un recurso clave para el país, prevé un ahorro oficial estimado en 6100 millones de dólares en los próximos 15 a 20 años. Sin embargo, este "ahorro" no tiene en cuenta los costos sociales y económicos que podría acarrear para los usuarios. Las tarifas de los peajes seguirán siendo un tema candente, ya que se establecerán nuevas tarifas de peaje que, aunque limitadas por el gobierno, podrían aumentar a medida que avance la concesión.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se ha manifestado en contra del estado actual de las rutas, reclamando una reparación urgente. Sin embargo, el gobierno ha optado por avanzar con la privatización en lugar de garantizar el mantenimiento y reparación de las rutas a través de fondos públicos, lo que demuestra una clara inclinación hacia el sector privado en detrimento del bienestar colectivo.

La deuda del Estado con las concesionarias: un precedente peligroso

El caso de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), la actual concesionaria, deja al descubierto las fallas del modelo de privatización. CRUSA lleva años reclamando la actualización tarifaria y la renegociación de su contrato, ya que el atraso en los ajustes tarifarios no le ha permitido mantener adecuadamente las rutas. Este tipo de conflictos con las concesionarias no es un hecho aislado y podría repetirse bajo el nuevo modelo. Además, el contrato de CRUSA vence en abril de 2025, lo que abrirá la puerta a una nueva licitación, en la que se elegirán a las empresas que ofrezcan la menor tarifa, pero sin ningún beneficio para el Estado.

En la actualidad, las rutas están siendo gestionadas por la empresa estatal Corredores Viales, pero el gobierno, en su afán de reducir el rol del Estado en la gestión de infraestructura, ha optado por traspasar estas rutas a manos privadas. Este tipo de políticas, que favorecen a grandes corporaciones, podría tener consecuencias perjudiciales para los ciudadanos que, además de enfrentar una mayor carga económica por los peajes, verán cómo las condiciones de transitabilidad de las rutas se deterioran aún más.

El futuro: más privatización

El modelo propuesto podría generar más ineficiencia y menos control sobre el mantenimiento y la calidad de los servicios. El Gobierno ha dejado en manos del sector privado la responsabilidad de garantizar la calidad de las rutas, sin un sistema de control eficiente que asegure que las empresas concesionarias cumplan con los estándares de seguridad y mantenimiento.

El futuro de la infraestructura vial en Argentina parece estar marcado por un modelo de privatización agresiva que no tiene en cuenta las necesidades de los usuarios ni las condiciones estructurales del país. La falta de inversión pública y el traslado de la carga económica a los ciudadanos mediante los peajes son claras señales de que el Gobierno prioriza los intereses de las empresas.