El kirchnerismo bonaerense intensificó su presión sobre la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado provincial, al reclamarle que convoque a una sesión antes de fin de año para tratar temas clave que, de no resolverse, perderían estado parlamentario.

La iniciativa surge de un grupo de senadores alineados con el oficialismo nacional que consideran que la demora en la convocatoria afecta la agenda legislativa y la representatividad del cuerpo.

En una carta formal enviada a Magario, los legisladores le solicitaron que actúe con “responsabilidad política” y sensibilidad social, en referencia a los debates pendientes sobre licencias y regularización de autoridades dentro del Senado.

El documento refleja el descontento de sectores kirchneristas con la conducción de la vicegobernadora y la presión por acelerar la actividad legislativa en un contexto de tensiones internas.

La situación evidencia una creciente interna dentro del peronismo bonaerense, donde se cruzan las posiciones del kirchnerismo con las de Magario y otros referentes del espacio, incluido el gobernador Axel Kicillof.

La carta enviada a la vicegobernadora no solo plantea un reclamo formal, sino que también busca marcar el rumbo político de cara a la reorganización del bloque legislativo tras la reciente derrota electoral del partido.

El conflicto político se suma a un escenario de debate más amplio sobre la conducción del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Mientras el kirchnerismo exige mayor protagonismo y rapidez en la toma de decisiones, Magario se encuentra en el centro de la discusión sobre cómo equilibrar la agenda institucional del Senado con las disputas internas del partido.

La ruptura de los correntinos con Javier Milei

La relación entre el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el oficialismo nacional atravesó un fuerte punto de tensión luego de que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) votaran en contra del Presupuesto provincial.

La decisión fue leída en el entorno del mandatario radical como un gesto político deliberado que rompe con la lógica de cooperación que hasta ahora se había mantenido con el Gobierno de Javier Milei.

El rechazo al Presupuesto generó un profundo malestar en la administración correntina, donde interpretan la actitud libertaria como una señal de hostilidad directa hacia la gestión provincial.

Valdés considera que la votación no solo afecta la gobernabilidad local, sino que expone una falta de respeto institucional hacia una provincia que, hasta el momento, había evitado confrontaciones abiertas con la Casa Rosada.

Según detalla el escenario político, el enojo del gobernador podría trasladarse al plano nacional. Valdés dejó trascender que evalúa endurecer su posición en el Congreso, especialmente en el Senado, donde tiene influencia sobre legisladores clave y donde el Gobierno necesita apoyos para avanzar con su agenda legislativa.

La nota pone el foco en las consecuencias políticas de este conflicto: en un contexto parlamentario ajustado, cualquier quiebre con gobernadores aliados o dialoguistas puede complicar seriamente al oficialismo. El caso Corrientes aparece así como una advertencia sobre los costos políticos que puede tener la estrategia confrontativa de La Libertad Avanza en las provincias.