A este cuadro se suma un factor institucional relevante: el gobierno provincial no ha sido convocado a los espacios de diálogo y coordinación fiscal a los que sí acceden otras jurisdicciones. Esta exclusión dificulta la construcción de acuerdos y profundiza las desigualdades en la distribución de recursos.

Asimismo, el normal funcionamiento financiero de la provincia se ve condicionado por las trabas impuestas en la Legislatura bonaerense para la aprobación de endeudamiento, incluso cuando dichos instrumentos se orientan a refinanciar pasivos, sostener obras en curso o garantizar la continuidad de programas estratégicos.

La utilización del endeudamiento como herramienta de bloqueo político deteriora la institucionalidad fiscal y limita la previsibilidad necesaria para una gestión eficiente. En paralelo, algunos medios periodísticos, televisivos, radiales y en redes sociales presentan de manera amplificada y descontextualizada situaciones vinculadas a la seguridad, la educación y la salud en la provincia.

Si bien estos desafíos existen y requieren políticas continuas, la sobreexposición mediática omite señalar que gran parte de estas problemáticas se explican por la profunda crisis socioeconómica que atraviesa la población, cuyo origen y responsabilidad principal corresponden al actual rumbo económico del gobierno nacional.

La falta de acompañamiento financiero y la caída del poder adquisitivo agravan realidades que luego se proyectan como fallas exclusivas de la gestión provincial, generando percepciones que no siempre reflejan la complejidad del contexto.

En este marco, resulta imprescindible recordar que las trabajadoras y los trabajadores del Estado no pueden ser la variable de ajuste ante restricciones externas o tensiones políticas.

La preservación de los salarios, las paritarias y las condiciones laborales es indispensable para garantizar continuidad y calidad en los servicios esenciales que recibe la ciudadanía. Desde la Asociación de Profesionales Técnicos y Jerárquicos del Estado Provincial reafirmamos la necesidad de restablecer un marco genuino de cooperación federal, garantizar criterios objetivos en el financiamiento y asegurar que las decisiones políticas no comprometan la continuidad de los servicios públicos.

La Provincia de Buenos Aires necesita previsibilidad, diálogo y recursos adecuados para afrontar los desafíos institucionales, sociales y económicos que la atraviesan.