¿Qué se denunció?

En su intervención, SiPreBA expuso que desde 2023 se observa un ataque sostenido contra periodistas y trabajadores de medios. Según su secretario adjunto electo, “se diseña, dirige y alienta una campaña de ataque contra los periodistas y trabajadores de prensa”.

Según el informe mencionado, estas agresiones no son casos aislados: incluyen desde descalificaciones públicas, discursos estigmatizantes, uso de intimidación institucional, hasta amenazas directas, campañas de desprestigio y violencia física contra trabajadores de prensa.

También se denunció el vaciamiento de medios públicos, la cancelación o recorte de pauta oficial, la precarización laboral del sector (con sueldos por debajo de la línea de pobreza en muchos casos) y el cierre o debilitamiento de medios comunitarios. Todo ello —según los denunciantes— afecta seriamente la pluralidad informativa y el derecho del público a estar informado.

Precarización económica y crisis institucional

Un reciente relevamiento del Sindicato refleja que cerca del 70 por ciento de los periodistas que trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires cobra por debajo de la línea de pobreza. Además, un 86 de quienes respondieron considera que la libertad de expresión se ha deteriorado desde diciembre de 2023.

Ese empobrecimiento coexiste con despidos, falta de financiamiento, vaciamiento de medios estatales y comunitarios, y una fuerte dependencia de la pauta oficial, convertida en herramienta de control de contenidos.

Casos concretos de violencia y censura

Entre los episodios que se citaron está la agresión a fotógrafos durante la cobertura de manifestaciones: en una marcha del 1 de febrero de 2024 resultaron heridos 52 trabajadores de prensa; uno de ellos —el fotoperiodista Pablo Grillo— sufrió un disparo de gas lacrimógeno directo a la cabeza y quedó al borde de la muerte.

También se mencionan demandas judiciales contra periodistas o medios que difundieron críticas al Gobierno de Javier Milei, denuncias considerados como “sin sustento” pero utilizados como herramientas de intimidación.

¿Qué le piden al Estado y por qué es tan importante?

Durante la audiencia la SiPreBA solicitó a la CIDH que monitoree la situación en Argentina, exija al Estado la garantía de condiciones seguras para ejercer el periodismo y condene el uso del aparato estatal para hostigar a la prensa.

En un contexto de crisis social, económica y política, la pluralidad informativa, la independencia de los medios y la protección de quienes informan son piezas esenciales para el funcionamiento de una democracia. Lo que hoy se denuncia no es solo un problema para periodistas: es un problema de sociedad, de transparencia, del derecho a saber.