El Tribunal Oral Federal 7, presidido por jueces que prometen un debate exhaustivo, inició la lectura de imputaciones que se extenderá hasta casi la feria judicial de julio.

La fiscalía fue contundente: “Se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa”, señalando a CFK como cabecilla de un esquema paraestatal que recaudaba coimas de constructoras, energéticas y transportistas a cambio de adjudicaciones públicas.

Los delitos imputados –asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento– podrían acarrear hasta 10 años de prisión.

La investigación estalló en 2018 con la revelación del diario La Nación sobre las anotaciones del chofer Oscar Centeno, remisero del Ministerio de Planificación, que detallaban itinerarios para transportar bolsos con dinero negro a destinos kirchneristas.

Centeno confesó haber quemado las libretas originales en una parrilla, pero peritajes sobre fotocopias validaron la prueba, pese a impugnaciones fallidas de la defensa de Cristina.

Fuentes judiciales estiman que el proceso demandará al menos tres años hasta la sentencia, con audiencias semanales transmitidas por YouTube.

Desde sus redes, Cristina calificó el inicio como un “show judicial” orquestado por un “calendario político” para distraer del “saqueo” económico actual, negando cualquier validez a las acusaciones y reafirmando su inocencia.

El banquillo incluye a medio centenar de empresarios, ex ministros y el propio Centeno, quien pasó de testigo clave a imputado.

Este juicio, calificado como la trama de corrupción más grande de la historia argentina, promete repercusiones profundas en el peronismo y la Justicia.