Los números también reflejan la desigualdad del ajuste: mientras la ropa y el calzado bajaron más de un 30 por ciento en términos reales desde 2023, los servicios como el gas o la luz subieron más del 50 por ciento, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En ese contexto, muchas familias eligen postergar compras básicas para poder pagar las boletas.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA estima que el 15 por ciento de los trabajadores formales atraviesa algún nivel de riesgo alimentario, una cifra que alarma incluso a las propias cámaras empresarias.

Desde la industria del calzado, el panorama es igual de sombrío. “No estamos viendo una luz al final del túnel”, lamentó Horacio Moschetto, presidente de la Cámara del sector, al remarcar el aumento de importaciones, el contrabando y la caída de ventas. La consecuencia es clara: cierres de plantas y pérdida de puestos de trabajo.

La CAME también encendió las alarmas y pidió al Gobierno medidas para reactivar el consumo, como el regreso de los planes de pago en cuotas con tarjeta y alivio fiscal para las pequeñas empresas. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde noviembre de 2023 desaparecieron más de 18.000 empleadores y se perdieron 250.000 puestos de trabajo formales.

El termómetro económico no deja lugar a dudas: el bolsillo no aguanta más. Las fábricas producen menos, los comercios venden poco y las familias se endeudan para sobrevivir. Un retrato crudo de un país que, otra vez, siente que el mes dura más que el sueldo.