De Zela también criticó declaraciones recientes de la presidenta de México, a quien acusó de sostener “expresiones inaceptables y falsas” al calificar a Castillo y a Chávez como perseguidos políticos. “Eso es falso”, insistió el canciller. “Se trata de un proceso judicial y no de persecución política”.

Horas más tarde, el Gobierno mexicano emitió un comunicado en el que lamentó y rechazó la decisión, a la que calificó como “unilateral, excesiva y desproporcionada”. México sostuvo que la concesión del asilo se realizó conforme al derecho internacional, en particular a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, firmada tanto por Lima como por Ciudad de México.

La cancillería peruana informó que la Embajada de México en Lima confirmó la entrega de asilo a Chávez. “Este hecho evidencia la profunda falta de interés del Gobierno de México por mantener una relación con el Perú”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Chávez fue encarcelada en junio de 2023 y liberada en septiembre de este año para continuar su defensa en libertad, según Reuters. Su abogado, Raúl Noblecilla, afirmó a la emisora RPP que desconocía el paradero de su defendida y no sabía que había iniciado un proceso de asilo.

La exfuncionaria está investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Chávez niega haber participado en el presunto golpe.

Las tensiones entre ambos países no son nuevas. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México respaldó a Castillo incluso después de su intento de disolver el Legislativo, lo que llevó al Congreso peruano a declarar persona non grata al mandatario mexicano. Ahora, la disputa diplomática escala un nuevo peldaño con la ruptura formal de relaciones.