VIDEO | Impunidad del 98 por ciento: México sigue sin proteger a los periodistas asesinados
México se consolidó como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, colectivos de derechos humanos denunciaron que el país enfrenta una impunidad del 98 por ciento en los delitos cometidos contra trabajadores de prensa.
Según el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), integrado por ARTICLE 19, CIMAC y Cencos, el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha garantizado justicia ni seguridad para quienes ejercen la libertad de expresión. “Las investigaciones no avanzan, los asesinatos se multiplican y la impunidad se volvió la norma”, advirtieron.
Los datos oficiales son alarmantes. Durante 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solo abrió 84 carpetas de investigación, de las cuales apenas una fue por homicidio. Desde su creación en 2010, la dependencia inició más de mil 300 casos y resolvió menos de 200, lo que equivale a una impunidad estructural.
A esto se suma la falta de recursos: la fiscalía cuenta con un presupuesto irrisorio, equivalente al 0,10 por ciento del total asignado a la Fiscalía General de la República. “Carece de capacidad operativa y de voluntad política para garantizar justicia”, denunciaron las organizaciones.
Desde el año 2000, ARTICLE 19 documentó 174 asesinatos de periodistas relacionados con su labor informativa. En lo que va de 2025, ya se suman siete casos, el más reciente el del reportero Miguel Ángel Beltrán, hallado muerto en Durango con signos de violencia.
Las denuncias también remarcan la desprotección de las mujeres periodistas, víctimas de agresiones agravadas por el sexismo institucional. “Urge garantizar verdad, justicia y reparación con enfoque de género”, señaló el Espacio OSC, que exige que los ataques a comunicadoras sean investigados como violencia de género.
En su comunicado, las organizaciones pidieron a la Fiscalía General de la República coordinarse con la sociedad civil para investigar los crímenes, aplicar protocolos con perspectiva de género y transparentar los avances de cada causa.
Mientras el gobierno sigue mirando para otro lado, la violencia y el miedo avanzan. En México, informar puede costar la vida, y el Estado sigue siendo el principal responsable de que esos crímenes queden, casi siempre, en el olvido.








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