La acción —bautizada como Operación Contención por el gobierno local— tenía como objetivo detener a los jefes y operadores del Comando Vermelho y desarticular su estructura de control territorial.

Desde temprano por la mañana se desplegaron helicópteros, vehículos blindados, drones policiales; los traficantes respondieron con barricadas formadas por autobuses incendiados, lanzamientos de granadas desde drones y fusiles de alto poder que incluso derribaron helicópteros, según los testimonios. Colegios fueron cerrados, líneas de transporte público desviadas y el barrio se transformó en una zona de combate urbano.

Dimensión política y social

El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la operación como una guerra contra el “narcoterrorismo” y se quejó de la falta de apoyo del Gobierno federal. Organismos de derechos humanos, por su parte, denunciaron lo ocurrido como una “matanza producida por el Estado”, apuntando a que los barrios más afectados son los más pobres, con gran población negra y periférica.

Entre las incautaciones figuran más de 90 fusiles automáticos, más de una tonelada de drogas, y decenas de vehículos utilizados por el crimen organizado.

Impacto y heridas abiertas

Para los residentes de los complejos de Alemão y Penha, el escenario fue aterrador: ráfagas continuas, explosiones, helicópteros sobrevolando y cuerpos abandonados en espacios boscosos. Algunos vecinos llevaron decenas de cadáveres a una plaza pública para que sus familias pudieran identificarlos.

El conflicto deja varias heridas visibles:

• La comunidad sensación de abandono: muchos afirman que entre el foco policial y el foco del narcotráfico nadie cuida la vida cotidiana.
• Un precedente peligrosísimo para la militarización de la seguridad urbana: cuando el Estado abre fuego masivo, la línea entre combate al crimen y violación de derechos se vuelve borrosa.
• Un golpe simbólico para el CV, pero también un disparador de nuevas represalias, pues organizaciones criminales suelen responder a estas ofensivas con periodos de violencia aún más intensa.

¿Cómo sigue?

Se espera que mañana el gobierno federal convoque a una reunión de emergencia para evaluar la situación y coordinar tareas con el estado de Río. Las organizaciones de derechos humanos demandan la apertura de una investigación independiente para clarificar cuántos de los muertos eran civiles, qué protocolos se siguieron y si hubo ejecuciones extrajudiciales.

En paralelo, la pregunta clave queda sobre la mesa: ¿esta operación representa un cambio real en la estrategia de seguridad o es simplemente un fogonazo puntual que dejará nuevamente a las comunidades sin alternativas de largo plazo? Por ahora, Río de Janeiro queda marcada por un nuevo episodio de violencia extrema, con el espectáculo y el horror de fondo.