Durante una entrevista en radio 750, el abogado sostuvo que el juicio, que comenzará este jueves y podría extenderse por dos años, “no traerá grandes sorpresas” porque, según él, “la sentencia ya está escrita”. En su visión, se trataría de una persecución política, una “venganza” en la que los jueces “solo van a buscar cómo acomodar la situación acorde a la condena”.

Dalbón fue más allá y aseguró que el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona le habría advertido “años atrás” que uno de los acusados mentiría para evitar quedar preso. “Me dijo que le avise a Cristina que su cliente iba a mentir porque si no se tenía que quedar preso. Esta es una realidad. Y me lo dijo el exministro de Justicia”, afirmó.

La defensa de la vicepresidenta insiste en denunciar irregularidades en la causa, como las más de mil quinientas modificaciones detectadas en los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, pieza clave del expediente. Según Dalbón, los cambios en nombres, fechas y direcciones demuestran que se trató de una “causa armada”.

Además, el letrado sostuvo que los empresarios que declararon en la investigación lo hicieron bajo extorsión, presionados por el temor a represalias judiciales si no colaboraban con el relato. “Inventaron la causa Cuadernos y solo fue para escribir una condena que ya está dictada. Es solo venganza. Es lo mismo que Vialidad”, afirmó, en referencia a la otra causa por la que Cristina fue condenada.

Pese a los argumentos defensivos, el expediente avanza con un caudal de pruebas y testimonios que contradicen el relato de persecución. En el juicio, desfilarán casi 900 testigos, entre ellos exfuncionarios, empresarios y peritos judiciales, en lo que será uno de los procesos más extensos y complejos de la historia reciente.

Aun así, Dalbón insiste en que el camino para revertir las decisiones de la Justicia local está en el exterior. “Por eso estamos trabajando en los tribunales internacionales para que Argentina se dé cuenta de que en algún momento quienes hacen estas maniobras van a tener algún problema”, advirtió.

“Estamos encontrando una justicia que no nos permite trabajar. Por eso tenemos que seguir lo que empezamos en Madrid, para conseguir el aval de un dictamen internacional de la violación de las garantías constitucionales”, concluyó.