El fallo es demoledor: los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico concluyeron que existió "intervención desde la Presidencia" en una operatoria que benefició descaradamente al broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal del expresidente.

Las pruebas son contundentes: desde que Fernández asumió, Martínez Sosa se embolsó el 59,6 por ciento de todas las comisiones que Nación Seguros pagó a intermediarios por pólizas estatales.

El caso incluye un mensaje revelador del 24 de mayo de 2023, cuando la exsecretaria privada María Cantero —también procesada— advirtió a Fernández sobre la designación de un broker diferente en Cancillería.

La respuesta presidencial fue escueta: "Ya me ocupo".

Cinco días después, la designación fue revocada. Así operaba el poder.

La Cámara detectó una "red de recaudación y distribución de fondos públicos" consolidada mediante el Decreto 823/2021, que obligó a los organismos estatales a contratar con Nación Seguros.

Entre Fernández y Martínez Sosa existían préstamos personales, obsequios y deudas cruzadas que evidencian un claro conflicto de interés.

También fueron procesados exfuncionarios y directivos de Nación Seguros, mientras el tribunal amplió la acusación a cinco imputados por cohecho.

La causa sigue en instrucción y resta que el fiscal Carlos Rívolo defina si pedirá el juicio oral.

Fernández, quien enfrenta además denuncias por violencia de género, insiste en que todo se hizo "conforme a los procedimientos administrativos".

La Justicia opinó diferente: hubo direccionamiento, favoritismo y aprovechamiento del cargo presidencial. Una vez más.