“Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad por su incitación, sus órdenes y su omisión al no tomar medidas punitivas”, sostuvo uno de los jueces. El tribunal afirmó que era “absolutamente claro” que la ex mandataria “ordenó matar y eliminar” a estudiantes que encabezaban las movilizaciones.

Las protestas, inicialmente centradas en el rechazo a un sistema de cuotas laborales en la administración pública, se transformaron en un movimiento nacional exigiendo su renuncia. Según organismos internacionales, hasta 1.400 personas habrían muerto durante la represión y unas 25.000 resultaron heridas.

Hasina, que vive en un exilio autoimpuesto en Nueva Delhi desde agosto de 2024, rechazó el fallo y lo calificó de “parcial, sin garantías procesales y motivado políticamente”. Afirmó que el tribunal fue “establecido y presidido por un Gobierno no electo” y defendió el historial de derechos humanos de sus administraciones.

La ex jefa de Gobierno enfrentaba cinco cargos, entre ellos incitación al asesinato de manifestantes y uso de armamento letal —incluidos drones y helicópteros— durante los disturbios. Su defensa presentó días atrás una apelación ante un relator especial de Naciones Unidas, denunciando graves violaciones al debido proceso.

La capital, Dacca, amaneció bajo fuertes medidas de seguridad. Vehículos blindados, fuerzas antidisturbios y unidades especiales rodearon edificios clave en prevención de nuevos choques. El domingo, la tensión ya había escalado con explosiones de cócteles molotov lanzados desde motocicletas.

Frente a la residencia en ruinas de Sheikh Mujibur Rahman —padre de Hasina y líder fundador del país— manifestantes quemaron mobiliario y gritaron “¡Derríbenlo y quémenlo!”, en rechazo al dominio político histórico de la familia.

El clima político se vuelve cada vez más volátil. El hijo de Hasina advirtió que sus seguidores bloquearán las elecciones previstas para febrero próximo si no se levanta la prohibición impuesta a la Liga Awami. “No permitiremos que se celebren elecciones sin nuestro partido”, afirmó, anticipando protestas “que podrían tornarse violentas”.

La historia de Hasina está profundamente entrelazada con la de Bangladesh: hija del líder nacional asesinado en 1975, exiliada durante años, primera ministra entre 1996 y 2001 y luego desde 2009 hasta su caída en 2024. Su larga permanencia en el poder estuvo marcada por un fuerte crecimiento económico, pero también por denuncias de corrupción, autoritarismo, acoso a opositores y represión de la libertad de expresión bajo leyes de ciberseguridad.

Muchos miembros de su familia y altos dirigentes de la Liga Awami hoy viven fuera del país. El partido se encuentra suspendido mientras avanzan los procesos judiciales, que sus seguidores descartan como “maniobras para borrarla de la escena política”.

El Gobierno interino, encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus, sostiene lo contrario: que los juicios buscan restaurar la rendición de cuentas y reconstruir la confianza pública en las instituciones.

La condena a muerte de una figura tan influyente como Hasina podría convertirse en el epicentro de una nueva ola de inestabilidad en un país donde la política siempre ha estado atravesada por la memoria, el trauma y la lucha por el poder.