La medida implicó el desplazamiento de las autoridades gremiales, la prohibición de actividades sindicales consideradas políticas y la designación de interventores en distintos sindicatos.

El objetivo central era restar poder al sindicalismo peronista, que durante la década anterior se había consolidado como un actor político y social de gran influencia.

En simultáneo, Aramburu tomó otra decisión que marcaría el rumbo económico de los años siguientes: designó a Álvaro Alsogaray como ministro de Industria.

El ingeniero, quien en 1948 había ocupado la presidencia de la Flota Aérea Mercante Argentina, inició así una larga trayectoria vinculada a los sectores económicos liberales del país.

Su llegada al gabinete significó un giro hacia políticas orientadas a la apertura económica, la reducción del gasto público y una reorganización del aparato productivo.

La combinación de la intervención sindical y la asunción de Alsogaray evidenció el proyecto de la dictadura: desmantelar las estructuras políticas y organizativas del peronismo, reconfigurar el rol del Estado y reorientar la economía bajo parámetros más liberales.

Las decisiones tomadas aquel 16 de noviembre dejaron una profunda huella en el movimiento obrero y en el escenario político argentino, que continuaría atravesado por tensiones entre el Estado, los sindicatos y los proyectos económicos en disputa durante las décadas siguientes.